Chubut propone reducir regalías al 5% para reactivar Restinga Alí

El Gobierno provincial de Chubut está evaluando una drástica disminución en las regalías hidrocarburíferas aplicadas al área Restinga Alí, reduciendo la alícuota del 12% establecida por ley a solo un 5%. Esta iniciativa, que se encuentra a la espera de la firma del gobernador Ignacio Torres, aspira a hacer más atractiva la concesión del área a futuro, optimizando su viabilidad y rentabilidad.

Restinga Alí, que antes estaba bajo la gestión de YPF, ahora es operado de manera transitoria por Copesa y se encuentra bajo la supervisión de Petrominera Chubut. La reducción de regalías es vista como parte de una estrategia más amplia que ya ha sido implementada en otras áreas maduras de la provincia, donde los márgenes de rentabilidad son reducidos y se requiere de incentivos para mantener la actividad productiva.

En el momento de la reversión del bloque a la provincia, Restinga Alí producían alrededor de 44 metros cúbicos de petróleo diarios, con proyecciones optimistas que podrían elevar esta cifra hasta los 70 m3/d gracias a mejoras operativas. Sin embargo, este volumen es marginal comparado con otros yacimientos en la Cuenca del Golfo San Jorge, como Manantiales Behr, que produce aproximadamente 4.000 m3 diarios. Por ende, incluso si se alcanzan las proyecciones más optimistas, Restinga Alí podría representar menos del 2% de la producción total de dicho campo.

La licitación para la explotación del área ya está en marcha y se espera que se abran las ofertas el próximo 31 de agosto en Comodoro Rivadavia. La reducción de la regalía al 5% se presenta como un factor decisivo para atraer a empresas independientes y operadoras que busquen establecerse en el sector. La situación actual requiere que Chubut ofrezca condiciones atractivas para despertar el interés de los inversores.

A pesar de su baja producción, Restinga Alí cuenta con infraestructura relevante, incluidas instalaciones offshore. Cabe destacar que, en el marco de la reversión acordada, YPF aportó 25 millones de dólares como garantía para administrar posibles pasivos ambientales, lo que refleja la preocupación por la sostenibilidad de la actividad petrolera en la región.