Chubut prorrogó la emergencia carcelaria por dos años ante la sobrepoblación
El Gobierno de Chubut extendió su estado de emergencia carcelaria por dos años con el fin de abordar la crisis de sobrepoblación en las prisiones. Esta medida, efectiva hasta 2028, busca facilitar acciones administrativas que mejoren el sistema penitenciario.
El Gobierno de Chubut ha declarado nuevamente el estado de emergencia carcelaria en la provincia, prorrogándolo por un periodo de dos años, hasta 2028. Esta decisión se toma en el contexto de una crisis significativa de sobrepoblación y falta de espacio en las unidades de detención, una situación que ha continuado agravándose en los últimos años.
La oficialización de esta medida se realizó mediante el Decreto N.º 1090, firmado por el gobernador Ignacio Torres y otros funcionarios del gabinete. Según los informes de la Dirección General de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social, así como del Área Penitenciaria de la Policía de Chubut, el número de personas en prisión sigue superando la capacidad de alojamiento disponible, lo que ha llevado a la necesidad apremiante de esta declaración.
Históricamente, la emergencia carcelaria en Chubut no es un fenómeno nuevo; se instauró por primera vez en junio de 2018 y ha sido renovada continuamente debido a problemas estructurales persistentes en el sistema penitenciario. A pesar de las inversiones realizadas en infraestructura y el avance hacia la creación de un Servicio Penitenciario Provincial autónomo, aún no se ha logrado dar solución a las deficiencias en capacidad y condiciones de vida de los internos.
La prórroga busca, entre otras cosas, proveer al Gobierno de herramientas administrativas que faciliten la implementación de mejoras en la infraestructura carcelaria, así como el aumento de la capacidad de alojamiento. Se espera que estas acciones permitan responder de manera más eficaz a las necesidades de las personas privadas de la libertad en la provincia.
Asimismo, el decreto ratifica todas las resoluciones administrativas aprobadas desde el vencimiento de la prórroga anterior, el 17 de junio de 2026, asegurando la continuidad de las medidas adoptadas durante este periodo. Este marco normativo es crucial para abordar la compleja situación del sistema penitenciario y garantizar un manejo adecuado de la crisis.