Chubut restablece suministro de carne a presos tras fallo judicial
El gobierno de Chubut acató una orden judicial y restableció el suministro de carne a los presos de Trelew, después de meses de quejas por falta de proteínas en su dieta. A pesar de la oposición del gobernador, Ignacio Torres, las compras se realizaron antes del vencimiento del plazo judicial.

La situación de los internos en la cárcel de Trelew ha sido objeto de atención debido a la falta de proteínas en su alimentación. Luego de múltiples reclamos, los presos presentaron un habeas corpus ante la justicia, lo que llevó a un fallo que obligaba a la administración de Chubut a mejorar las viandas, principalmente en lo que respecta al aporte proteico.
El gobierno provincial, a pesar de las duras críticas del gobernador Ignacio Torres, cumplió con la orden del juez y compró carne y pollo para los internos. Este cumplimiento se produjo en un plazo inferior a las 72 horas fijadas por el juez, lo que refleja un intento por parte de las autoridades de atender las demandas judiciales tras meses de trámites legales y quejas por una dieta deficiente.
Torres había argumentado en medios que era "una locura" entregar carne, refiriéndose a la orden judicial, y criticó a ciertos sectores del Poder Judicial por supuestamente priorizar a los detenidos sobre las víctimas. Sin embargo, la realidad es que el suministro de carne no implicará necesariamente una entrega de asado diario, ya que el fallo no lo estipuló claramente. La administración publicó que se asegurará la compra de carne roja sin que esto signifique raciones diarias o tipos específicos de cortes.
El debate sobre la calidad de la comida en el sistema penitenciario de Chubut se ha intensificado, especialmente tras un reconocimiento del subsecretario de Justicia, quien admitió que la calidad de las viandas había disminuido, lo que había sido denunciado anteriormente por los propios internos. La Defensa Pública, en representación de los presos, pidió medidas más estrictas y un control regular sobre los alimentos ofrecidos.
A pesar de la orden judicial, la gobernación no ha ofrecido detalles sobre el costo de la compra de carne y pollo, ni sobre la frecuencia con que estos productos serán incluidos en las dietas de los convivientes. Aún queda por resolver si se tomarán medidas contra la empresa que proveía la comida y que había reducido el contenido proteico sin justificación previa.
Este episodio evidencia quizás un conflicto más amplio sobre los derechos de los internos en el sistema penitenciario de Chubut y los límites en la administración de la justicia en materia de derechos humanos. A medida que el gobierno cumple con la orden, queda la expectativa de cómo se implementará el servicio alimentario y si habrá cambios en la firma contratada para el suministro de comidas.