CIDH expresa preocupación por asesinatos de periodistas en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una alerta debido al asesinato de siete periodistas en México durante el año 2026. La entidad instó a las autoridades mexicanas a tomar medidas más fuertes para proteger a los comunicadores y a investigar de manera efectiva las amenazas que han sufrido antes de sus homicidios.

Entre los casos más destacados figuran los de Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinados recientemente en Puebla y Oaxaca, respectivamente. Ambos periodistas habían realizado denuncias sobre amenazas e intimidaciones antes de ser víctimas de la violencia, lo que ha evidenciado la falta de respuesta de las autoridades ante estos reclamos y la necesidad urgente de un cambio en los protocolos de actuación.

La CIDH enfatizó la colaboración existente entre la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República para ofrecer respaldo a los familiares de las víctimas. Sin embargo, esta coordinación no ha logrado prevenir los ataques ni brindar protección efectiva a los periodistas que están bajo amenaza, lo que aumenta los niveles de vulnerabilidad en su labor informativa.

El caso de Martínez, quien fue asesinado el 16 de julio de 2026, resalta que las amenazas que había denunciado previamente no fueron investigadas adecuadamente. A pesar de la condena pública por parte de las autoridades y la oferta de asistencia a su familia, el hecho de que no se hubieran tomado medidas oportunas plantea serias interrogantes sobre la efectividad de las estrategias de protección en el país.

Por su parte, Leyva Aguilar fue asesinado el 22 de julio de 2026, y ya había denunciado amenazas de muerte, pero no se le proporcionaron medidas de protección adecuadas. Su caso ha sido asumido por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, que está llevando a cabo investigaciones tras su homicidio.

La CIDH ha subrayado la gravedad de la situación, apuntando a que la falta de respuestas efectivas genera un ambiente de impunidad que no solo afecta a las víctimas directas, sino que también desincentiva a otros periodistas a ejercer su labor, limitando el derecho de la sociedad a acceder a información diversa.

Frente a esta situación, la CIDH ha solicitado una revisión urgente de los mecanismos actuales destinados a proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, enfatizando que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad y el bienestar de quienes arriesgan su vida por informar.