Cierre del juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko

Durante el alegato de cierre en el juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko, el abogado de la querella, Fernando Gómez, destacó la evidencia presentada en las audiencias para reafirmar la culpabilidad de Roberto Daniel Sánchez. Gómez agradeció al jurado por su atención y valoró el trabajo de la Fiscalía y la Policía provincial, lo que permitió reconstruir el caso y atribuir a Sánchez un homicidio triplemente agravado: por ensañamiento, por violencia de género y por odio a la identidad de género.

El caso comenzó con el hallazgo del cuerpo de Semeñenko en un canal de Valentina Norte, descubierto por un peatón que paseaba a sus perros. La identificación del cuerpo se facilitó gracias a las medias que usaba Azul. La investigación concluyó que el crimen, ocurrido el 25 de septiembre, tuvo lugar dentro de la vivienda de Sánchez, quien había estado en ese lugar una noche antes y cuya relación con Azul estaba marcada por un dominio nocivo.

Gómez enfatizó cómo desde mucho antes de su encuentro fatal, Sánchez ya había ejercido un control sobre Azul, quien se encontraba en una situación vulnerable al ofrecer servicios sexuales debido a problemas económicos. Esta realidad fue corroborada por testimonios de otras trabajadoras sexuales y complica la narrativa que intentó establecer la defensa de Sánchez, retratándolo como un mero cliente.

El abogado querellante argumentó que la construcción social de la masculinidad y la misoginia en la comunidad contribuyeron a la dinámica de poder que resultó en este homicidio. Gómez expuso que, desde la llegada de Sánchez a la esquina donde se encontró a Azul, el dominio de este sobre su víctima se evidenciaba claramente, lo que convirtió el encuentro en un acto brutal y premeditado.

En su discurso, subrayó que el juicio no debía transformar la vida de Azul en un debate moral, sino más bien analizar las condiciones que llevaron a su asesinato y cómo la violencia de género se entrelaza con la falta de oportunidades y reconocimiento de derechos básicos. Gómez concluyó que ninguna víctima debería tener que justificar su derecho a la vida en la sala de un tribunal.

A medida que el proceso judicial avanza hacia su cierre, el impacto de este caso resuena en la comunidad, ya que pone de relieve las cuestiones de género y la violencia contra personas trans. La atención pública a este caso podría impulsar cambios en la percepción y tratamiento de la violencia de género, especialmente en el contexto patagónico.