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Cierre rápido de la causa $LIBRA genera críticas en el ámbito judicial y cripto

La causa judicial por el colapso de la criptomoneda $LIBRA se cerró en un tiempo récord por el juez Martínez de Giorgi, generando fuertes críticas de especialistas en cripto y pedidos de intervención institucional. El fiscal Taiano determinó que no había delito, lo que desató cuestionamientos sobre la rapidez del proceso.

Por Gabriel Jara4 min de lectura
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Cierre rápido de la causa $LIBRA genera críticas en el ámbito judicial y cripto

El cierre de la causa judicial relacionada con la criptomoneda $LIBRA se produjo de manera sorprendentemente rápida, luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictara un sobreseimiento para Javier y Karina Milei. Esta resolución se basó en un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien en 26 horas descartó la existencia de delito y subrayó que no había motivos suficientes para continuar con la investigación. La decisión provocó un aluvión de críticas de expertos en criptomonedas y cuestionamientos respecto al funcionamiento del sistema judicial.

El fallo, que consta de 60 páginas y fue emitido en un contexto de tensiones institucionales, ha suscitado preguntas respecto a la transparencia del proceso judicial. La rapidez con la que se cerró la causa, junto al desplazamiento de los inversores que se habían presentado como querellantes, ha llevado a muchas voces a solicitar a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que intervenga en el caso, pidiendo la apelación del sobreseimiento.

Fuentes judiciales han indicado que la urgencia en la firma del fallo podría haber estado relacionada con un viaje programado del juez, lo que añade una capa de controversia a todo el procedimiento. La decisión del fiscal Taiano de cerrar la investigación se interpretó como una simple cuestión de conveniencia económica, más que una situación de fraude o estafa, un argumento que ha sido calificado como insatisfactorio por aquellos que reclaman justicia y reparación.

Uno de los aspectos que causó mayor revuelo fue el manejo de las pruebas y las circunstancias que rodearon el nombramiento de los funcionarios judiciales. La falta de un acusador claro, que impulse la acción penal, ha llevado al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) a solicitar formalmente que la PIA asuma el rol de acusador en este caso que toca a altos funcionarios del Ejecutivo.

El fiscal, en su dictamen, argumentó que la operación vinculada al proyecto blockchain de $LIBRA era legítima, mencionando que el token se lanzó de manera pública y que la operatoria se realizó con herramientas consideradas como transparentes. Sin embargo, la posibilidad de que las actividades de los acusados estén vinculadas a irregularidades no ha sido excluida completamente, complicando la percepción pública sobre el desenlace de este caso.

El cierre de la causa $LIBRA ha abierto un debate importante sobre la regulación de las criptomonedas en el país y la necesidad de garantizar la protección de los inversores. Con el trasfondo de un clima político complicado, la comunidad cripto y los expertos legales están atentos a las acciones futuras de las autoridades y a la posible revisión del caso por parte de la PIA.

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