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Cincuenta gremios inician acciones legales contra el Ministerio de Economía

Un frente de 50 sindicatos, encabezados por Luis Barrionuevo, demandará al Ministerio de Economía por la retención de fondos para obras sociales. Los gremios exigen la liberación inmediata de $688.000 millones que consideran fundamentales para garantizar la cobertura de salud de los trabajadores.

Por erudman@ambito.com.ar3 min de lectura
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Cincuenta gremios inician acciones legales contra el Ministerio de Economía

Un frente integrado por 50 sindicatos, liderado por Luis Barrionuevo de la UTHGRA, emprendió acciones judiciales contra el Ministerio de Economía de Argentina. Este grupo reclama la liberación de $688.000 millones que corresponden al sistema de obras sociales, que han sido retenidos por el actual gobierno. El reclamo se centra específicamente en el ministro Luis Caputo, a quien se acusa de incumplimiento de sus deberes como funcionario público.

Entre los fondos en cuestión se encuentran $288.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución, actualmente depositados en un plazo fijo en el Banco Nación, así como $400.000 millones relacionados con deudas de aportes de adherentes voluntarios en Fondos FIMA. Los sindicatos argumentan que estos recursos son esenciales para la operatividad de las obras sociales, las cuales están atravesando una crisis profunda.

Adicionalmente, los líderes de los sindicatos mencionan la falta de respuestas del ministro de Salud, Mario Lugones, quien ha sido criticado por no tomar medidas efectivas respecto a esta problemática. A pesar de haber mantenido tres reuniones con él, los gremios aseguran que no se presentaron propuestas concretas, lo que ha deteriorado aún más la situación de las obras sociales y la atención médica para los trabajadores.

Los sindicalistas enfatizan que el 90% del Fondo Solidario se utiliza actualmente para prestaciones de discapacidad, lo que limita la cobertura para tratamientos de alta complejidad y para la provisión de medicamentos. Este panorama ha llevado a los gremios a exigir la actualización del nomenclador de medicamentos, el cual no ha sido modificado en tres años.

La movilización legal también se complementará con un plan de lucha. En lugar de optar por paros parciales, los sindicatos han decidido implementar un paro general de 36 horas y movilizaciones en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Los dirigentes reafirmaron que el ministro Lugones es el responsable político del sistema de salud y advierten que, si no se actúa de inmediato, el sistema podría colapsar.

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