Clínicas de Río Negro y Neuquén suspenden atención a afiliados de PAMI por 24 horas

Clínicas y sanatorios de las provincias de Río Negro y Neuquén han anunciado que el lunes 24 de agosto cesarán la atención a los afiliados de PAMI por un lapso de 24 horas. Esta medida, que también involucra a Chubut y La Pampa, es consecuencia de la falta de respuesta a las demandas por la actualización de los aranceles que paga la obra social, lo que pone en riesgo la calidad de atención para unos 300.000 jubilados en la región.

El contexto de esta decisión es preocupante: desde hace más de dos años, la inflación acumulada ha alcanzado un 341%, mientras que en el mismo período, los valores reconocidos por PAMI solo han aumentado un 143%. Esta disparidad ha provocado una depreciación del 75% en el poder adquisitivo de los aranceles que reciben las clínicas y sanatorios. Las instituciones de salud han venido reclamando desde hace meses ajustes que les permitan cubrir el costo de las prestaciones de manera adecuada.

El problema no se limita solo a un atraso histórico, sino que en 2026, el Instituto PAMI ha propuesto un aumento que, en términos reales, apenas alcanzará el 6%, a ser implementado en octubre, lo cual resulta claramente insuficiente frente a las demandas económicas del sector. Los prestadores han manifestado su preocupación, argumentando que este aumento cubre menos de una cuarta parte de la inflación esperada para el año.

A raíz de esta situación, muchas clínicas ya han comenzado a implementar restricciones en diversos servicios, incluyendo atención en guardias y programación de cirugías, lo que ha generado un impacto directo en el acceso a la salud de los jubilados. Los prestadores han criticado abiertamente los cupos impuestos por PAMI para algunas prestaciones, argumentando que estas limitaciones solo intensifican las dificultades para recibir atención médica adecuada.

Según se indicó, estas preocupaciones también reflejan la importancia del sector privado en el sistema de salud regional, ya que este representa aproximadamente el 65% de la atención en la población de las zonas afectadas. La situación se torna crítica, no solo para los prestadores, sino para la comunidad de jubilados que dependen de estos servicios para su bienestar.

Con esta suspensión, los prestadores esperan poner de manifiesto la necesidad urgente de revisar y actualizar los aranceles que perciben, con el fin de garantizar no solo la sostenibilidad de sus servicios, sino también el acceso de la población a la atención de salud adecuada.