Comienza el juicio oral de Vialidad II a un año de la condena de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) comenzó este viernes el juicio oral del caso conocido como Vialidad II, en el que se investiga un entramado de corrupción vinculado a la adjudicación de obras viales a la empresa de Lázaro Báez. Este juicio se desarrolla tras la condena firme de Cristina Kirchner, quien fue sentenciada a seis años de prisión por administración fraudulenta en el marco del caso Vialidad, y actualmente se encuentra cumpliendo su sentencia desde junio de 2025.

La acusación en Vialidad II se centra en varios ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), quienes presuntamente no ejercieron el control correspondiente sobre 51 obras que generaron un considerable daño económico al Estado. El requerimiento de elevación a juicio detalla cómo, durante aproximadamente doce años, se desplegaron diversas maniobras delictivas que permitieron la corrupción de recursos públicos, afectando notablemente las finanzas del Estado.

El nuevo debate judicial no solo implica a Kirchner, sino también a otros acusados, incluidos Lázaro Báez y José López, quienes deben afrontar un decomiso de 685.000 millones de pesos. Esta situación pone de manifiesto un entramado de corrupción que supo involucrar a altos mandos del Poder Ejecutivo nacional y sus vínculos con empresarios allegados, destacando que un 86% de los contratos de obras en la Patagonia fueron asignados a Báez.

Además de Vialidad II, las investigaciones del caso han dado lugar a un tercer tramo, conocido como Vialidad III, que se concentra en la responsabilidad de funcionarios provinciales que facilitaron condiciones favorables al Grupo Austral, permitiendo que obtenga ganancias a pesar de no haber cumplido con el trabajo pactado. Este contexto de corrupción sistémica entrelaza a varios actores políticos y económicos en un entramado complejo que ha sido objeto de profundo análisis en los últimos años.

En la primera audiencia del juicio, se leyó el requerimiento de elevación a juicio por parte del fiscal, donde se expone que las irregularidades investigadas abarcaron el periodo entre 2003 y 2015, en un periodo signado por la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. Los jueces que integran el TOF 2 han comenzado a evaluar las pruebas y testimonios que ampliarán la acusación.

Con este nuevo juicio, la justicia argentina sigue avanzando en términos de rendición de cuentas, una necesidad imperante en el contexto de lucha contra la corrupción en el país. El desenlace de este caso podría tener implicaciones significativas en la percepción pública de la justicia y la política en el país.