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Comodoro inicia acción judicial contra YPF por pasivos ambientales

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia presentó una demanda judicial contra YPF para abordar los pasivos ambientales en su territorio. Además, se notificó a la Comisión Nacional de Valores sobre el caso, considerando su potencial impacto en la empresa y sus inversores.

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Comodoro inicia acción judicial contra YPF por pasivos ambientales

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia ha decidido iniciar acciones legales contra YPF S.A. por la necesidad de identificar, evaluar y remediar los pasivos ambientales que han quedado en el ejido municipal. Esta medida, impulsada por el intendente Othar Macharashvili, marca un hito en la lucha institucional de la ciudad contra las secuelas de más de un siglo de extracción de hidrocarburos, cuyo impacto ambiental es evidente en la población y el entorno urbano.

El reclamo judicial exige que YPF no solo reconozca cuantitativamente los pasivos, sino que también se comprometa a llevar a cabo un Plan Integral de Remediación Ambiental, que debe ser ejecutado bajo supervisión judicial y con la participación activa del Municipio. La situación actual incluye pozos, ductos y otras instalaciones que han sido abandonadas, representando una amenaza para el crecimiento y desarrollo estructural de Comodoro Rivadavia.

Este reclamo no solo aborda los efectos históricos del pasado, sino que también pone énfasis en el daño que continúa afectando a la comunidad en la actualidad. El Municipio sostiene que la obligación de remediar los daños ambientales no se extingue con el tiempo ni con la transferencia de concesiones o acuerdos administrativos previos. Esto refuerza la postura de que cualquier pacto entre YPF y otras partes que busque limitar o eludir esta responsabilidad debe ser declarado nulo frente a los derechos de los ciudadanos de Comodoro Rivadavia.

Los argumentos presentados por el Municipio son respaldados por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que estipula el derecho de todos a un ambiente sano y la obligación de reparar el daño causado. Desde la administración local, se insiste en que solo se considerará cumplida la obligación ambiental cuando se logre una restauración efectiva y comprobable del entorno afectado.

Además de la acción judicial, la Municipalidad ha elevando el caso ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esta instancia es pertinente dado que el resultado de esta controversia podría tener repercusiones significativas sobre la salud financiera de YPF y su posición en el mercado de capitales, lo que afectaría no solo a la empresa, sino también a sus inversores.

Este movimiento del Municipio puede marcar un precedente en la forma en que las localidades afectan a las empresas responsables de daños ambientales, abriendo un camino para que otras jurisdicciones sigan este ejemplo en sus propias luchas por la remediación y protección del ambiente.

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