Concesionaria indemnizará a cliente estafado con adjudicación falsa
Un hombre fue estafado al creer que había ganado una adjudicación para una camioneta, a la cual nunca accedió. La concesionaria fue condenada a indemnizarlo por la falta de respuesta y seguridad en sus operaciones.
Un juzgado civil de Bariloche ha dictado un fallo a favor de un hombre que fue víctima de una estafa relacionada con la compra de una camioneta a través de un plan de ahorro. El cliente había realizado cinco pagos que sumaban 400.000 pesos, bajo la creencia de que había asegurado una adjudicación. Sin embargo, nunca recibió el vehículo ni la devolución de su dinero.
La situación comenzó cuando el hombre, luego de inscribirse en la concesionaria, recibió una comunicación por teléfono y WhatsApp por parte de una persona que se presentó como vendedor. A partir de ahí, se realizaron los pagos bajo la promesa de que la camioneta estaba próxima a ser entregada. A pesar de que solicitó comprobantes de los pagos realizados, nunca recibió información clara ni documentación que respaldara la operación.
Durante el proceso judicial, se corroboraron los pagos a través de informes bancarios y se constató que la concesionaria no se presentó a la demanda, lo que llevó a que fuera declarada en rebeldía. El juez concluyó que la empresa había incumplido sus obligaciones de informar y proteger a sus clientes, a pesar de tener conocimiento de la estafa que estaba ocurriendo.
Investigaciones posteriores revelaron que algunos empleados de la concesionaria habían sido despedidos y supuestamente se habrían llevado teléfonos corporativos y datos de clientes, lo que complicó aún más la situación para el cliente estafado. La sentencia estableció que la concesionaria debía extremar las medidas de seguridad para proteger el dinero y la información de sus clientes.
La indemnización establecida por el juez asciende a 10,4 millones de pesos, que incluye tanto la devolución del dinero pagado como daño moral y punitivo. Este caso resalta la importancia de la protección al consumidor y la obligación de las empresas de actuar con diligencia y transparencia en sus operaciones.
El fallo no solo recalca las obligaciones que tiene una concesionaria, sino que también plantea un precedente sobre la responsabilidad de las empresas en situaciones de fraude. Las empresas deben garantizar la seguridad de sus transacciones y ofrecer una atención adecuada a sus clientes, especialmente cuando son víctimas de delitos como estafas.