Condena de 17 años de prisión a empresario por abuso sistemático a su hijastra
Un empresario fue condenado a 17 años de prisión por abusar durante 19 años de su hijastra, a quien sometió mediante un esquema de control. La pena, menor a la solicitada, se fundamentó en la gravedad y extensión del delito.

El empresario J.R. recibió una condena de 17 años de prisión por el abuso sexual sistemático de su hijastra durante un período de 19 años. Esta pena se determinó tras un análisis exhaustivo de las circunstancias del caso, aunque fue inferior a los 20 años solicitados por la fiscalía y la querella. El juez Marco Lupica Cristo fue quien dispuso la sentencia, considerando la naturaleza continuada del delito y la relación de poder entre el agresor y la víctima.
Durante las audiencias, el juez destacó que el empresario adoptó una estrategia de control sobre la víctima, que abarcaba fromas de coerción física y emocional mediante un sistema de "premios y castigos". Este mecanismo de sometimiento permitió que el abuso se prolongara durante casi dos décadas, aprovechando su rol de figura paterna. J.R. también se presentaba como un “mediador espiritual” y se hizo pasar por médico, lo que complicaba aún más la situación de la víctima, quien fue sometida desde una edad muy temprana.
El juez consideró la extensión del daño psicológico sufrido por la víctima, quien fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático complejo, reflejando la profunda huella que estos abusos dejaron en su salud mental. Este aspecto fue crucial en la fundamentación de la condena, dado que se trató de un delito que no solo implicaba acciones físicas, sino también un grave daño emocional.
El fiscal Maximiliano Breide Obeid y su asistente letrada, Cecilia Sabatte, enfatizaron la gravedad del caso durante el alegato, subrayando que la pena para delitos de abuso sexual con acceso carnal puede oscilar entre 8 y 20 años. Resaltaron la diferencia de edad y la relación de poder, que configuraban un contexto de vulnerabilidad permanente para la víctima. En contraste, la defensa había solicitado una pena de 8 años y 6 meses, planteando un enfoque significativamente menos severo que la acusación.