Condena de 30 años a un violador serial en Quilmes

El Tribunal en lo Criminal N°1 de Quilmes dictó una sentencia de 30 años de prisión contra Sebastián Ariel Figueroa, de 40 años, por una serie de ataques sexuales y robos perpetrados entre 2010 y 2013 en distintos barrios de la ciudad bonaerense. Las víctimas incluían a dos menores, de 13 y 15 años, así como a dos jóvenes adultas, quienes sufrieron traumas físicos y psicológicos severos a raíz de los abusos.

Figueroa atacó a su primera víctima en julio de 2010, cuando interceptó a una joven de 18 años mientras se dirigía al trabajo. Usando un arma blanca, la amenazó y la llevó a una escuela donde la sometió sexualmente, lo que le causó profundas secuelas emocionales y físicas, incluyendo insomnio y miedo generalizado. Estos efectos se hicieron crónicos, afectando su capacidad de trabajo y relación social.

En enero de 2012, el acusado perpetró un segundo ataque contra una adolescente de 15 años con discapacidad. Figueroa la engañó para que lo siguiera en su moto y en un terreno baldío la golpeó y abusó de ella, dejándola en estado de shock y con múltiples lesiones. La angustia que vivió la menor la llevó a un deterioro psicológico considerable, afectando su vida cotidiana.

El tercer caso ocurrió en abril de 2013, cuando una escolar fue amenazada con un arma de fuego y llevada a un descampado, donde sufrió un abuso sexual. La niña, además de las heridas físicas, experimentó trastornos severos del sueño y ansiedad que la llevaron a abandonar sus estudios.

Posteriormente, en diciembre de 2013, una joven de 18 años fue atacada bajo circunstancias similares, siendo despojada de sus pertenencias y abusada sexualmente. La secuela psicológica de este episodio consistió en pesadillas constantes y dificultades para entablar relaciones interpersonales.

La condena de Figueroa se basó en la solidez de las pruebas, que incluyeron testimonios coherentes de las víctimas, informes médicos y un análisis de ADN que confirmó su implicación en los delitos. A pesar de que la fiscalía había solicitado una pena de 45 años, los jueces decidieron imponer una condena de 30 años, que fue comunicada a las partes el 15 de julio. Además, se ordenó registrar su perfil genético en los registros nacionales de delitos sexuales, contribuyendo así a la lucha contra la violencia de género.