Condena de Acuña: prisión suspendida y regulación de conducta judicial
El Poder Judicial ha impuesto a César Acuña, exgobernador de La Libertad, una condena de un año y seis meses de prisión suspendida por incumplir una orden judicial en un caso laboral. Esta decisión abrirá un proceso de regulación de su conducta en el futuro inmediato.
César Acuña, exgobernador regional de La Libertad y líder del partido Alianza para el Progreso, ha sido condenado a un año y seis meses de prisión suspendida por el Poder Judicial peruano. La sentencia, emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad, lo halló culpable de violar la libertad de trabajo al no cumplir con una resolución judicial que ordenaba pagar 88.525 soles a la familia de una maestra cesante. Esta persona había fallecido, y el monto estipulado correspondía a una bonificación que no se había abonado por un error administrativo del gobierno regional.
La pena inicial era de dos años, pero fue reducida debido a que Acuña carecía de antecedentes penales y tenía más de 65 años. No se requerirá su internación, siempre y cuando cumpla con un conjunto de pautas. Entre ellas, se incluyen reportes mensuales sobre su situación a la autoridad de control, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial y la obligación de abonar además una reparación civil de 8.852 soles.
Esta condena ha tenido un impacto directo en la carrera política de Acuña, quien había manifestado su intención de competir nuevamente por la gobernación de La Libertad. No obstante, con la sentencia ya dictada, se bloqueaba su postulación a cargos de elección popular, lo que lo llevó a anunciar su retiro temporal de la política, generando incertidumbre sobre el futuro de su partido, que aún resuena por su reciente derrota electoral.
El abogado de Acuña, Luis Váldez, ha presentado un recurso de apelación, lo que significa que el caso no está cerrado y podría ser revisado por una Sala Penal de Apelaciones. Este proceso será crucial para definir si la condena se mantiene o se revoca.
La defensa de Acuña argumentó que no estaba debidamente notificado de la resolución judicial que le exigía realizar el pago, y que no existió la intención de violar la ley. Sin embargo, el juzgado desestimó estos argumentos, indicando que la notificación tuvo lugar correctamente en la sede del gobierno regional y que las excusas presentadas no eran válidas.
La situación de Acuña podría repercutir en su partido y en la política regional peruana, dado que la resolución judicial, incluso en instancia de apelación, manifiesta un perjuicio a su reputación y su influencia en el escenario político. La nucleación que podría seguir a esto será observada tanto por sus adherentes como por la oposición, en un contexto donde la confianza en los líderes políticos ha sido notablemente cuestionada por escándalos similares en el país.