Condena de nueve años por abuso y cautiverio en Lamarque

Un hombre fue condenado a una pena de nueve años de prisión por mantener a su expareja cautiva durante seis horas en una vivienda rural de Lamarque, en la provincia de Río Negro. Durante este tiempo, el agresor no solo amenazó a la víctima de muerte con un arma de fuego, sino que también la golpeó y cometió abuso sexual. Este suceso se produjo el 29 de diciembre del año pasado y fue calificado por la Fiscalía como un caso extremo de violencia de género.

El relato de los hechos indica que el perpetrador citó a la víctima en el inmueble donde ocurrió el ataque. Durante horas de sufrimiento, la mujer intentó escapar y logró comunicarse con el dueño de la propiedad, quien, a pesar de estar al tanto de la situación, no la ayudó y permaneció en el exterior mientras los eventos violentos continuaban.

Ante la gravedad de los delitos, las fiscales Belén Calarco y Marisa Morandi solicitaron un acuerdo que culminó en la condena del principal imputado. Este fue declarado culpable de privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual con acceso carnal agravado, amenazas, coacción y lesiones, entre otros cargos. La prontitud de la acción judicial fue respaldada por un conjunto de pruebas, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad del lugar, informes médicos forenses que documentaron las lesiones y la denuncia presentada por la víctima.

Además del principal acusado, un segundo hombre fue condenado a un año de prisión condicional por su papel en el encubrimiento de los hechos. Este fue el dueño de la vivienda donde ocurrió el abuso, quien, al tener conocimiento de lo que sucedía, no tomó ninguna acción para ayudar a la víctima. Se le impuso también el cumplimiento de estrictas reglas de conducta durante su condena.

El caso ha suscitado preocupación a nivel regional, evidenciando la necesidad de abordar la violencia de género en la provincia y la importancia de mecanismos de prevención y respuesta ante estos delitos. La Ley 3040 de protección de las víctimas fue mencionada en el proceso, subrayando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las mujeres en similares contextos de abuso.

El Tribunal Colegiado, compuesto por los jueces Maximiliano Camarda, Alejandro Pellizón y Luciano Garrido, llevó a cabo un proceso justo, permitiendo que tanto los acusados como la víctima participaran activamente en la resolución del caso. Con esta condena, se busca no solo hacer justicia sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la violencia de género en la región.