Condenado intenta reducir pena con documentos falsos en Trelew

Un hombre que actualmente cumple una condena de cinco años en prisión se encuentra en juicio en Trelew, donde se le acusa de intentar obtener una reducción de pena mediante la presentación de documentación presuntamente falsa. El tribunal escuchó el caso en la sala de la Oficina Judicial, bajo la supervisión del fiscal general Aldo Nizetich.

El juicio surge a partir de un incidente de ejecución que tuvo lugar el 24 de abril de 2024. Durante esa audiencia, J.C.M., que se hallaba presente como condenado, buscó que se le disminuyera el tiempo de cumplimiento de su pena mediante el artículo 140 de la Ley de Ejecución Penal 24.660, que contempla beneficios por actividades educativas. Para respaldar su solicitud, presentó varios certificados, que incluían diplomas en áreas como Educación Física y Gestión de Eventos, así como cursos relacionados con la prevención del embarazo y el suicidio en adolescentes.

El fiscal sostiene que la documentación presentada no era auténtica y que el condenado era consciente de su falsedad. La acusación menciona que J.C.M. intentaba usar estos certificados como prueba de participación en actividades educativas para justificar una reducción de 16 meses de su condena. Esto habría sido un intento de manipular el sistema judicial para beneficiarse ilícitamente,

A pesar de los argumentos de la defensa, que cuestionó la validez de la calificación legal impuesta por la Fiscalía, la jueza Mirta Moreno desestimó este planteo. La magistrada señaló que el cuestionamiento debió haberse hecho durante una instancia previa al juicio, lo que dejó sin fundamento el recurso presentado por la defensa. Por lo tanto, el caso continúa bajo la acusación de uso de documento público falso, en línea con los artículos 296 y 45 del Código Penal argentino.

La Fiscalía considera que hay suficientes pruebas para afirmar la responsabilidad de J.C.M. en el uso de estos documentos fraudulentos. La magnitud de la acusación y la naturaleza del caso resaltan la necesidad de salvaguardar la integridad del sistema judicial, especialmente en un contexto donde se busca promover la reinserción social de los condenados a través de la educación.

El desarrollo del juicio y el desenlace del caso podrían sentar un precedente relevante en relación al uso de documentos no verificados en el ámbito judicial y sus implicancias en beneficios penitenciarios. Se espera que el tribunal tome una decisión sobre la culpabilidad del acusado en los próximos días, lo que podría influir en futuras solicitudes similares por parte de otros internos que buscan acceder a reducciones de penas.