Condenados en el caso Mandagaray seguirán con tobilleras electrónicas

Los tres agentes del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) que fueron condenados por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray seguirán su proceso judicial en libertad, pero con la restricción de tobilleras electrónicas. La decisión, tomada en una audiencia de revisión de medidas cautelares, se emitió después de que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmara las condenas, lo que generó un cambio en el escenario procesal del caso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación será la encargada de resolver los planteos pendientes que determinan la firmeza de las sentencias.

La Fiscalía había solicitado que los condenados fueran encarcelados, fundamentando su pedido en el riesgo de fuga que se presenta ahora que la causa ha agotado las instancias de revisión a nivel provincial. A pesar de que los imputados cumplieron con sus obligaciones judiciales, la Fiscalía expresó que la confirmación de las condenas eleva el riesgo procesal, cuestionando la eficacia de las tobilleras como medida de seguimiento.

La querella apoyó la solicitud de la Fiscalía, manifestando que las circunstancias del caso y el avance del proceso justificaban la prisión preventiva. En cambio, las defensas argumentaron a favor de la libertad condicional, refiriendo que las condenas aún no son firmes y que queda una instancia a resolver por la Corte Suprema. Uno de los puntos clave en la defensa fue la aplicación del artículo 109 bis de la legislación provincial, que postula condiciones para la prisión preventiva que a su juicio no deberían aplicarse al caso en cuestión.

Los defensores sostuvieron que sus clientes tienen un adecuado arraigo en la comunidad, lo que reduce las posibilidades de fuga. Además, argumentaron que los condenados han cumplido hasta ahora con todas las instrucciones judiciales impuestas, lo que demuestra su intención de no eludir la justicia.

Finalmente, el Tribunal decidió rechazar por unanimidad el pedido de prisión preventiva, pero en su lugar incrementó las medidas cautelares. Así, las nuevas condiciones a seguir por los tres condenados incluyen el uso de tobilleras electrónicas, la obligación de presentarse semanalmente ante la comisaría cercana a su lugar de residencia, no abandonar el país y requerir autorización judicial para salir de la ciudad donde viven.

Este caso ha generado un intenso debate en la sociedad rionegrina, donde la opinión pública está atenta a las decisiones que tome la Corte Suprema en relación a la firmeza de las condenas y a las implicancias que esto podría tener para los involucrados. La continua vigilancia de las medidas adoptadas se espera que garantice un equilibrio entre el acceso a la justicia y la seguridad pública.