Condenados por estafa en planes sociales enfrentan nueva pena por asociación ilícita

El juez de garantías Juan Pablo Encina tomó una decisión este martes al no aceptar el pedido de las defensas de suspender la audiencia de cesura en un caso de estafas vinculadas a planes sociales. La medida sigue a una resolución del Tribunal de Impugnación de hace un mes, que decidió que los condenados no solo eran responsables por defraudación, sino también por el delito de asociación ilícita. Esta nueva calificación legal ha llevado a la necesidad de realizar una nueva audiencia para determinar la pena correspondiente.

Las defensas de los imputados, que ya habían sido condenados por administración fraudulenta, solicitaron un nuevo tribunal de impugnación para revisar la decisión, argumentando que la resolución no estaba firme debido a los recursos presentados. Sin embargo, el juez Encina fundamentó su resolución en el artículo 23 del Código Procesal, indicando que la impugnación debe ocurrir una vez que se imponga la pena, permitiendo una revisión integral de los casos planteados.

El juez también enfatizó que llevar a cabo la audiencia de cesura no limita ni retrasa los derechos de los imputados a impugnar la sentencia, y determinó que esto podría resultar más eficiente al permitir una única impugnación que incluya todos los aspectos relevantes del juicio. Además, se ordenó a la Oficina Judicial que establezca la fecha de la audiencia para la determinación de la pena, una vez finalizado el plazo otorgado para la presentación de pruebas.

La investigación se centra en una supuesta trama destinada a desviar fondos de planes sociales en la provincia, con un total de 9.303 operaciones irregulares. De estas, se registraron 8.708 extracciones con tarjeta por un total de 125.412.400 pesos, y 592 cobros de cheques que sumaron 27.970.300 pesos. Muchos de estos movimientos se realizaron a nombre de beneficiarios que no existían o no habían autorizado las transacciones, lo que sugiere el uso de listados paralelos y cheques endosados a desconocidos.

El monto total de lo desviado ascendería a casi un millón de dólares, lo que teóricamente podría haber financiado infraestructura básica, como diez cuadras de asfalto. La corte original había condenado a los 12 imputados por administración fraudulenta agravada, pero los absolvió de la acusación de asociación ilícita en octubre de 2025, debido a que solo diecinueve de los titulares fueron escuchados durante el juicio, y de ellos, quince eran beneficiarios reales.

Las defensas, insatisfechas con la decisión del juez Encina, anunciaron la intención de presentar recursos adicionales, que podrían llegar hasta la instancia de Impugnación Extraordinaria Federal. Esto suma un nuevo capítulo a una causa que ha dado mucho de qué hablar en la provincia y que ha suscitado un fuerte interés público por sus implicaciones sociales y legales.