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Condenados por Planes Sociales recurren a Defensa Pública por falta de fondos

Algunos condenados en la causa de Planes Sociales de Neuquén, que enfrentan graves acusaciones, ahora deben defenderse por medio de la Defensa Pública debido a su falta de recursos. Esta situación ocurre justo en la etapa de apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia, donde intentan evitar penas de cárcel y cargos de asociación ilícita.

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Condenados por Planes Sociales recurren a Defensa Pública por falta de fondos

En Neuquén, varios de los condenados en la causa por Planes Sociales enfrentan una nueva etapa judicial, ahora bajo la representación de la Defensa Pública debido a dificultades económicas que les impiden mantener a sus abogados particulares. Esta situación se presenta en un contexto en el que deben apelar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para evitar penas de cárcel y acusaciones graves como la asociación ilícita.

Recientemente, dos de los doce condenados han cambiado su representación legal. En el primer caso, el abogado renunció a continuar el patrocinio, mientras que en el segundo, el condenado no pudo seguir abonando los honorarios correspondientes. Estos cambios se producen tras la sentencia del Tribunal de Impugnación, que revocó una decisión de primera instancia a instancias de la Fiscalía de Estado, lo que llevó a una nueva calificación de los delitos.

El 20 de agosto, el Tribunal de Impugnación decidió por unanimidad que todos los condenados eran responsables del delito de asociación ilícita, además de administración fraudulenta agravada. Esto significa que enfrentan un nuevo juicio para determinar las penas, ya que la anterior condena dictada en diciembre ya no es válida y ninguno de los involucrados tiene aún una sentencia firme.

Dentro de los condenados, algunos aún cuentan con defensas particulares. Es el caso de Pablo Gutiérrez, quien representa a Tomás Siegenthaler, excoordinador del Ministerio de Desarrollo Social, así como a Laura Reznik. Estas defensas privadas siguen activas, mientras que la Defensa Pública ahora amplía su rol en este caso tan relevante.

Las estrategias de defensa son múltiples. Una de ellas busca que otra configuración del Tribunal de Impugnación revise la reciente inclusión de la figura de asociación ilícita. Otra opción son las impugnaciones extraordinarias que ya han sido presentadas ante la Sala Penal del TSJ, que es presidida por los vocales Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.

Este escenario judicial es una manifestación de la complejidad que ha adquirido la causa y la presión que se ha ejercido para endurecer las penas de los implicados, algo que también refleja un contexto social en el que muchas personas carecen de recursos para acceder a una defensa adecuada. Por lo tanto, es fundamental observar cómo se desarrollan estos próximos procesos judiciales y cuáles serán las repercusiones para los condenados.

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