Condenan a clínica por quemaduras sufridas por un niño tras cirugía

En General Roca, Río Negro, un niño que ingresó a una clínica privada por un complicado cuadro intestinal terminó envuelto en un largo proceso judicial tras sufrir quemaduras severas durante la cirugía. A pesar de que la intervención logró salvar su vida y resolver el problema inicial, el equipo médico detectó, tras finalizar la operación, que el menor presentaba lesiones ocasionadas por un dispositvo quirúrgico.

Estas quemaduras no solo complicaron el proceso de recuperación del niño, sino que también requirieron curaciones intensivas y su traslado a un centro de alta complejidad en Buenos Aires, donde recibió un injerto de piel. Aun cuando logró superar la intervención inicial, el menor quedó con cicatrices permanentes y ha tenido que enfrentar secuelas emocionales significativas.

Ante este panorama, los padres del niño optaron por presentar una demanda por daños y perjuicios contra el cirujano a cargo de la operación y la clínica. El juzgado Civil de Roca examinó las pruebas y testimonios, y decidió condenar a la clínica y a su aseguradora, aunque eximió al cirujano de toda responsabilidad, al considerar que no hubo negligencia en su accionar.

Durante el juicio, se estableció que el cirujano no era responsable de la colocación y el manejo del electrobisturí que causó las lesiones, acciones que correspondían al personal auxiliar del quirófano. La resolución de la jueza se basó en las normativas del Código Civil y Comercial, destacando el deber de seguridad que tienen los centros de salud hacia sus pacientes.

La indemnización establecida por el tribunal incluye compensaciones por daño moral, consecuencias estéticas, tratamiento psicológico y gastos derivados de traslados y medicaciones. Sin embargo, no se fijó un monto por incapacidad, dado que las pruebas no evidenciaron limitaciones significativas en las actividades del niño en el futuro debido a las cicatrices.

Este falló pone de manifiesto la importancia de la responsabilidad institucional en los centros de salud y el tratamiento de las secuelas que pueden acarrear procedimientos quirúrgicos, así como el impacto emocional que estas situaciones pueden generar en los pacientes y sus familias.

El caso sigue el cursolegal correspondiente y refleja un escenario complejo para el sistema de salud privado en la región, que deberá reevaluar protocolos de seguridad en quirófanos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.