Condenan a cuatro policías por agredir a dos adolescentes en General Roca

La Justicia de General Roca emitió una sentencia condenatoria contra cuatro policías implicados en agresiones y amenazas hacia dos adolescentes, en un incidente ocurrido en junio de 2024. El tribunal determinó que uno de los efectivos fue directamente responsable de las agresiones, utilizando un arma de fuego para amenazar a los jóvenes en un playón deportivo del barrio Alta Barda mientras cumplían funciones en la Comisaría 47°, durante la madrugada del 15 de junio.

La intervención de la policía se desarrolló entre las 2:05 y las 4:30 horas, y fue seguida de una investigación judicial que culminó en el juicio de los implicados. La decisión del tribunal, compuesto por los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez, implicó que el policía más comprometido en las agresiones recibiera una pena de tres años de prisión condicional. Los otros tres funcionarios fueron considerados partícipes necesarios, siendo condenados a penas que oscilan entre 24 y 30 meses en suspenso.

Durante el juicio, las defensas de los acusados solicitaron que se modificara la calificación legal de los delitos y cuestionaron la severidad de las penas requeridas por la Fiscalía. La defensora pública Flavia Rojas destacó que los testimonios presentados durante el juicio indicaban que su defendida poseía un carácter pacífico, lo que fue un punto considerado en la resolución. Además, se argumentó que las dos mujeres involucradas en el caso intentaron frenar las acciones del policía agresor durante el episodio.

Por su parte, el abogado de uno de los acusados, Juan Pablo Chirinos, argumentó que no había fundamentos suficientes para imponer una pena de prisión efectiva, instando a que se tuviera en cuenta su situación familiar y las responsabilidades que tenía asignadas.

Este caso resuena en el contexto del debate sobre el uso de la fuerza policial y el tratamiento a los adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Las condenas emitidas buscan ofrecer algún grado de reparación a las víctimas y reflejan una postura más crítica sobre las acciones de los cuerpos de seguridad frente a la comunidad.

A medida que avanzan las apelaciones y las defensas continúan buscando revisiones de la sentencia, el caso sigue generando discusión sobre los estándares de conducta policial y la protección de los derechos de los jóvenes en espacios públicos, así como la responsabilidad del Estado en la formación y regulación de sus fuerzas de seguridad.