Condenan a José López y los Schoklender en la causa por Sueños Compartidos

El Tribunal Oral Federal N°5 emitió su fallo en el caso Sueños Compartidos, un escándalo por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. La sentencia condenó al exsecretario de Obras Públicas, José López, a Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes representaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en la gestión de estos programas. En contraste, Julio De Vido, exministro de Planificación, fue absuelto, a pesar de las acusaciones que se centraban en su responsabilidad en la administración de los recursos.

El tribunal determinó que se había desviado un total de 206,4 millones de pesos, dinero que el Estado había transferido entre 2008 y 2011 a la fundación para la realización de viviendas y centros de salud. Como parte de la sentencia, se ordenó el decomiso de la cifra mencionada, que se ajustará por inflación cuando la condena quede firme. Las penas impuestas fueron de menos de tres años de prisión en suspenso para López, Fatala y los Schoklender.

El caso había comenzado a gestarse en 2011 tras un conflicto interno entre los Schoklender y la líder de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, lo que destapó la mala administración de los fondos. Después de un largo proceso judicial que incluyó seis meses de audiencias, el fallo se anunció justo al borde de la prescripción del caso, ya que según la fiscalía, mañana se cumplen seis años desde el último acto que interrumpió dicho proceso.

Otros cuatro exfuncionarios también enfrentaron condenas como partícipes secundarios de la administración fraudulenta. Se trata de los santiagueños Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, junto a Claudio Freidin y Carlos Castellano, quienes fueron sentenciados a cuatro años de prisión.

La acusación, que incluyó al fiscal Diego Velasco y a la Unidad de Información Financiera como querellante, había pedido que la pena máxima de seis años de prisión sea impuesta a todos los acusados, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El informe sobre el destino de los fondos reveló que la Fundación Madres de Plaza de Mayo había manejado casi 748,7 millones de pesos, de los cuales 206,4 millones estarían vinculados directamente a empresas relacionadas con los apoderados acusados.

El caso Sueños Compartidos se alza como una de las mayores controversias en la administración pública relacionada con la gestión de vivienda social en Argentina y pone de manifiesto la necesidad de mayor control en la ejecución de los fondos públicos.