Condenan a pareja en Santa Cruz por tratar a joven boliviana como esclava laboral
Una pareja en Santa Cruz fue condenada a 8 años de cárcel y a pagar $90 millones por engañar y explotar laboralmente a una joven boliviana. La víctima fue sometida a condiciones inhumanas en Río Gallegos y Gobernador Gregores, hasta que su situación fue denunciada por una vecina.
En un fallo significativo, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz sentenció a Noemí Edith Choque Laura y Ramy Ramiro Álvarez Aramayo a 8 años de prisión y a pagar una indemnización de $90 millones a una joven de Bolivia. Esta condena se da en el marco de un caso de trata de personas agravada, donde la víctima fue engañada con falsas promesas de trabajo y sometida a condiciones de explotación laboral que se asemejan a la esclavitud moderna.
Según el informe del caso, los acusados se aprovecharon de la vulnerabilidad económica y social de la joven, quien provenía de circunstancias difíciles, incluida la violencia familiar y la falta de formación educativa. Tras prometerle un empleo, la trasladaron a la Patagonia, donde la víctima se vio obligada a trabajar en diversas tareas desde las seis de la mañana hasta la medianoche, recibiendo una remuneración irrisoria de la que se descontaban los gastos de alimentación y vivienda.
El control ejercido sobre la joven fue extremo. Los acusados restringieron su libertad, maniobrando para cortar toda comunicación con su familia en Bolivia. Choque Laura, una de las condenadas, bloqueaba sistemáticamente las llamadas de sus seres queridos y utilizaba tácticas intimidatorias para mantenerla aislada y sometida. La víctima incluso fue obligada a firmar contratos de alquiler y a abrir cuentas bancarias bajo amenazas de un retorno forzoso a su país natal.
La situación de la joven comenzó a cambiar en 2018, cuando una clienta de un comercio en Gobernador Gregores notó su angustia. Esta mujer, al darse cuenta de las condiciones precarias en las que vivía y trabajaba, le facilitó su teléfono para que pudiera comunicarse con las autoridades correspondientes. Esto permitió que la joven pudiera finalmente escapar durante una visita consular de funcionarios bolivianos en Río Gallegos.
Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que la joven formaba parte de la familia y disfrutaba de libertad, pero las pruebas presentadas por el Ministerio Público demostraron lo contrario. Se presentaron mensajes que evidenciaron el control, dominio y explotación que sufría. En este sentido, el fallo no solo busca sancionar a los culpables, sino también reparar el daño sufrido por la víctima.