Condenan a pareja por explotación laboral en Santa Cruz con indemnización de $90 millones

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Noemí Edith Choque Laura y Ramy Ramiro Álvarez Aramayo a ocho años de prisión por la explotación laboral de una mujer boliviana durante tres años. La sentencia incluye una compensación de $90 millones a la víctima, que será destinada a resarcir el daño emergente, lucro cesante y para restablecer su situación anterior al delito.

La pareja, al igual que la víctima, es originaria de Bolivia y fue declarada coautora del delito por aprovechar la situación de vulnerabilidad de la mujer, quien trabajó para ellos entre octubre de 2015 y octubre de 2018 en comercios de ropa ubicados en Río Gallegos y Gobernador Gregores. Durante el juicio, se presentó evidencia del control extremo ejercido sobre la víctima, que limitaba su autonomía y acceso a su familia.

El juez Mario Reynaldi, que dictó la sentencia en forma unipersonal, tuvo en cuenta la situación de explotación laboral que sufrió la mujer, quien realizaba tareas domésticas y laborales en condiciones precarias, con jornadas de hasta diecisiete horas. La fiscalía había solicitado un monto de compensación que variaba, alcanzando cifras superiores a los $91 millones, castigo que finalmente fue establecido en $90 millones en función de las pruebas presentadas durante el juicio.

La causa se inició tras una denuncia anónima en 2018, cuando la víctima buscaba ayuda en el Consulado de Bolivia para renovar su cédula de identidad. A través de su declaración, la mujer reveló que había llegado a Argentina con la promesa de un trabajo y un sueldo que no se cumplió, sufriendo condiciones de encierro y privación de comunicación, lo que llevó a la deterioración de su bienestar personal.

En sus testimonios, la mujer destacó que su primo, quien la acompañó al país, abandonó el trabajo después de dos meses debido a las difíciles condiciones a las que estaban sometidos. Mientras tanto, ella continuaba en Gobernador Gregores y luego fue trasladada a Río Gallegos, donde sus opciones laborales eran igualmente limitadas y mal remuneradas.

Este caso pone de manifiesto la problemática de la explotación laboral y la trata de personas, temas que continúan siendo urgentes en la región. La decisión del tribunal no solo busca castigar a los responsables, sino también asegurar una forma de justicia para la víctima que sufrió un sustancial impacto en su vida y derechos.

Las autoridades ahora deberán garantizar el pago de la indemnización a la persona afectada e investigar los activos de los condenados para asegurar que cumplan con la reparación económica.