Condenan en San Antonio Oeste por talar árboles; deberán reforestar y pagar multa millonaria

El avance de un proyecto inmobiliario en San Antonio Oeste ha provocado un severo castigo a sus responsables por daño ambiental, tras la tala de árboles sin la debida autorización. Esta situación se desató luego de una denuncia por parte de vecinos que indicaron movimientos sospechosos en un antiguo camping que se estaba preparando para un loteo. Inspecciones municipales confirmaron la eliminación de 56 árboles y restos arbóreos, actos realizados sin los permisos requeridos por las regulaciones locales.

Como consecuencia de la falta de autorización, se impuso una sanción considerable. El municipio determinó una multa de 2.800 Unidades de Servicio de la Administración Municipal (USAM), calculada en 50 USAM por cada árbol talado. En términos económicos, esto representa una carga de 210 millones de pesos para las entidades implicadas en la tala. Además, la resolución ordenó la reforestación obligatoria, exigiendo la plantación de cuatro árboles por cada uno talado, lo que resulta en un total de 224 nuevos ejemplares que deberán ser replantados.

Ante esta drástica sanción, las mutuales y el profesional afectado recurrieron a la Justicia, solicitando la suspensión del cobro de la multa y certificados de libre deudas. Argumentaron que la sanción era excesiva, de naturaleza confiscatoria y que podría afectar la prestación de servicios a sus miembros. También cuestionaron los métodos de conteo de los árboles talados, señalando que no había un perito forestal presente durante la inspección.

Sin embargo, el tribunal desestimó su pedido en una etapa preliminar, argumentando que no se presentaron pruebas suficientes que demuestren que la multa compromete las finanzas de las mutuales. No se comprobó la existencia de embargos o inhibiciones que justifiquen una medida cautelar, lo que permitió que la multa continuara sin cambios por el momento.

Es importante destacar que esta resolución judicial no aborda el fondo de la cuestión, que incluye la legalidad de la multa, la responsabilidad de los involucrados, la validez del método de contabilización de los árboles talados y la constitucionalidad de las ordenanzas en cuestión. La resolución definitiva de estos temas deberá esperar al juicio principal que se llevará a cabo en el futuro.

El caso ha generado un amplio debate sobre la importancia de la preservación ambiental y el cumplimiento de las normativas locales en el contexto del desarrollo urbano. La obligación de reforestar podría marcar un precedente en la región, resaltando la necesidad de equilibrar el crecimiento inmobiliario con la protección del entorno natural.