Confirmada la absolución del exintendente Juan Reggioni en caso de administración fraudulenta

El Tribunal de Impugnación de Río Negro ha confirmado la absolución del exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, y del empresario Néstor Sarasola, quienes habían sido acusados de administración fraudulenta y peculado en el marco de la causa conocida como Techo Digno. La resolución, adoptada por mayoría, determina que no se presentó evidencia suficiente que establezca un perjuicio a la administración pública ni sustracción de fondos estatales.

La absolución original había sido dictada en marzo pasado por el Tribunal de Juicio, y este fallo fue mantenido por el Tribunal de Impugnación, cuyos jueces Carlos Mussi y Miguel Cardella subrayaron que muchas de las críticas realizadas por el Ministerio Público Fiscal ya habían sido consideradas y desechadas con anterioridad. Indicaron que la acusación no logró probar que hubo un beneficio indebido para alguna de las partes, lo cual es esencial para el delito de peculado.

El juez Adrián Zimmermann votó de manera diferente, pues admitió parcialmente la impugnación presentada por el Ministerio Público Fiscal, revocando de forma parcial la absolución en relación a algunas conductas específicas encuadradas dentro del delito de peculado. Sin embargo, también reafirmó que no hubo delito en el sentido donde se pretendía encuadrar la actuación del exintendente Reggioni.

La discusión giró en torno a la interpretación de la aplicación de fondos municipales y los desvíos autorizados, los cuales se consideraron dentro de un marco de actuación legítimo según las normativas municipales vigentes. Los jueces hicieron hincapié en que no hubo evidencia de ninguna apropiación irregular de recursos ni beneficios económicos indebidos, manteniendo que las acciones de Reggioni se alinearon con las leyes locales.

Este caso ha tenido gran repercusión en la comunidad de Fernández Oro, ya que la administración de recursos públicos es un tema sensible y con un seguimiento considerable por parte de la ciudadanía. La decisión del tribunal resalta la importancia de pruebas concretas en procesos judiciales vinculados con delitos económicos, donde la carga de la prueba recae en la acusación.

De acuerdo a lo que dictó el tribunal, se establece un precedente en la manera en que se interpretan las acciones de funcionarios públicos en relación al uso de fondos municipales, lo que podría influir en futuras investigaciones similares. Las autoridades aún no han detallado si se presentarán más recursos relacionados con esta causa.