Confirman abusos a menor en Comodoro, pero revisan la pena impuesta
La Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia confirmó la responsabilidad de un hombre condenado por abusar de una menor, pero decidió revisar su pena. Originalmente, la sentencia era de 6 años y 8 meses de prisión, pero se ordenará una nueva audiencia para fijar la sanción.
Un hombre identificado como M. D. C. fue inicialmente condenado a 6 años y 8 meses de prisión por abuso sexual agravado en perjuicio de una menor de 18 años con quien convivía. El caso se remonta a hechos en que el imputado aprovechó la inmadurez sexual de la víctima, lo que fue comprobado durante el juicio. Tras la condena, la defensa del hombre impugnó la sentencia buscando su absolución y, en caso de que no se aceptara, solicitó una reducción de la pena al mínimo legal.
La fiscalía, por su parte, solicitó que se mantuviera tanto la condena como la pena previamente impuesta. Luego de considerar los argumentos de ambas partes, la Cámara compuesta por los jueces Cecilia Codina, Mónica García y Martín Montenovo ratificó la autoría del delito y la responsabilidad penal de M. D. C. al evaluar que el testimonio de la víctima estaba sustentado por otras pruebas, mostrando coherencia y credibilidad.
Sin embargo, la Cámara también atendió parcialmente la solicitud de la defensa en relación con la pena. Los magistrados argumentaron que la sentencia del tribunal de primera instancia carecía de fundamentos suficientes para justificar la pena total de 6 años y 8 meses, considerándolo un exceso arbitrario.
Como resultado, se revocó la sanción impuesta y se ordenó la realización de una nueva audiencia de cesura. Esta audiencia se llevará a cabo ante un juez diferente y su objetivo es establecer una pena que ajuste a los criterios judiciales apropiados. Esto implica que, aunque la sentencia de culpabilidad se mantiene, la pena deberá ser revisada y determinada nuevamente.
El proceso de impugnación contó con la participación de la fiscal general María Laura Blanco y la defensa del condenado estuvo a cargo de la defensora pública María de los Ángeles Garro. La jueza Cecilia Codina fue la encargada de informar los detalles de la resolución.