Confirman indemnización a familia de una de las mochileras asesinadas
La Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca ratificó parcialmente un fallo que obliga a Eduardo Eliçabe a indemnizar a la familia de Irina Montoya, víctima de un doble asesinato en 1998. La sentencia también señala la responsabilidad de Leónidas Soria, dueño de la empresa de seguridad donde trabajaba Eliçabe, quien atrajo a las jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Recientemente, la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca confirmó, en parte, una sentencia de primera instancia que ordena a Eduardo Fermín Eliçabe indemnizar a la familia de Irina Laura Montoya, una de las jóvenes asesinadas en 1998. Además, se reconoce la responsabilidad de Leónidas Hugo Soria, propietario de la empresa de seguridad donde Eliçabe trabajaba al momento del crimen.
Montoya, de 24 años, viajaba en auto junto a María Dolores Sánchez, de 18, desde Chañar Ladeado, Santa Fe, hacia Comodoro Rivadavia, su ciudad natal. Ambas levantaron auto y subieron al vehículo de Eliçabe, quien las asesinó. La Cámara destacó que las víctimas estaban en una situación de indefensión total, que fue aprovechada por Eliçabe. La decisión judicial también tuvo en cuenta el impacto emocional y las secuelas psicológicas que sufrió la familia de Montoya desde aquella tragedia. La denuncia por daños y perjuicios había sido presentada por los padres de Irina hacia el año 2000, y finalmente la Cámara dispuso que, en caso de que la disposición sea ratificada, Eliçabe deberá abonar $21.060.000. La situación causó gran conmoción en Argentina desde el momento en que ocurrió y tuvo un fuerte eco mediático en su momento, lo que generó un clamor por justicia que aún perdura.
La sentencia consideró que la relación laboral entre Eliçabe y Soria fue determinante para que Eliçabe pudiera abordar a las jóvenes en las circunstancias en que se produjo el crimen. Sin embargo, el abogado de la familia, Alejandro Vecchi, señaló que el reclamo también apuntaba a la responsabilidad del Estado provincial debido al control deficiente de la actividad de la empresa de seguridad, que había sido notificada de inhabilitación en ese momento. A pesar de la decisión judicial que solo atribuye la responsabilidad a Eliçabe y Soria, Vecchi manifestó su desacuerdo y adelantó que apelarán el fallo ante la Suprema Corte de Justicia. Reiteró que la demanda civil no busca solamente la compensación económica, sino que tiene como principal objetivo hacer justicia y evitar la impunidad de los funcionarios que permitieron que se desarrollara esta situación.
El caso de Montoya y Sánchez sigue siendo un símbolo de la lucha por justicia en Argentina, evidenciando la importancia de la responsabilidad tanto individual como institucional en situaciones de violencia y crimen.