Confirman indemnización a familiares tras 28 años del crimen de mochileras en Patagonia

La reciente resolución de la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca ha reabierto un caso que conmocionó a toda Argentina en 1998. Las víctimas, Irina Laura Montoya, de 24 años, y María Dolores Sánchez, de 18, fueron asesinadas durante su viaje hacia la Patagonia. Eliçabe, el autor del crimen, fue finalmente condenado a pagar una indemnización a la familia de Irina, luego de una serie de juicios que se extendieron por más de dos décadas.

El tribunal determinó que Eliçabe actuó de manera deliberada y aprovechó la indefensión de las jóvenes, que hacían dedo en la ruta cuando fueron víctimas. La decisión de indemnizar se basa no solo en el impacto financiero del crimen, sino también en las secuelas emocionales que sufrieron los padres de Irina. El monto estipulado es de $21.060.000, un intento de compensación por la grave pérdida que sufrieron.

El fallo también amplía la responsabilidad a Leónidas Hugo Soria, que dirigía la empresa de seguridad en la que Eliçabe estaba empleado. Los jueces concluyeron que, sin esa vinculación laboral, Eliçabe nunca habría tenido la posibilidad de cometer el crimen. Esta vinculación es clave, ya que otorgó al acusado acceso a las víctimas en un momento vulnerable.

El abogado de la familia, Alejandro Vecchi, afirmó que la demanda abarcaba también al Estado provincial, dadas las negligencias en el control de la seguridad. En ese sentido, la empresa de seguridad contaba con una notificación de inhabilitación al momento de los crímenes, lo que agrava la situación. Sin embargo, el fallo no atribuyó responsabilidad al Estado, lo que generó descontento entre los demandantes.

Vecchi anunció que se buscará apelar la sentencia civil, especialmente la falta de responsabilidad estatal en el caso. Aseguró que el objetivo de la demanda no es únicamente la compensación económica, sino que busca justicia más allá del aspecto monetario, dado el impacto que tuvo el crimen en la vida de los afectados.

Este caso reflejó la vulnerabilidad de los viajeros en la ruta y generó una discusión sobre la seguridad en el transporte y la responsabilidad de las empresas de seguridad. La resolución del caso trae consigo un respiro para la familia de Irina, aunque la batalla legal continúa.