Confirman indemnización millonaria a víctima de trata en Ushuaia

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó una indemnización a una mujer que sufrió trata de personas con fines de explotación sexual en Ushuaia. La sentencia original establecía un monto de $1.428.872,53, el cual, con intereses, supera actualmente los $10 millones. La decisión fue tomada por la Sala II de Casación, compuesta por los jueces Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes rechazaron el recurso presentado por la querella que representaba a la víctima, confirmando así el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego.

La víctima, que fue explotada sexualmente durante 31 meses entre marzo de 2010 y octubre de 2012, había sido captada inicialmente en Córdoba en la década de 1990, cuando era menor de edad y se encontraba bajo el cuidado de su hermana. En 2009, volvió a ser víctima de trata en un contexto de violencia de género, con un agresor que amenazaba con afectar la manutención de sus hijos. Esta situación de vulnerabilidad facilitó su reingreso en la explotación sexual en prostíbulos de Ushuaia, establecidos como "clubes nocturnos" y habilitados por el municipio, que fue condenado por la falta de control administrativo y de servicio.

La historia de la sobreviviente ilustra las graves violaciones a los derechos humanos que enfrentan las víctimas de trata. Recuerda que cuando fue rescatada durante un allanamiento en 2012, temía que las autoridades llegaran para atender a los delincuentes y no a ella como víctima, lo cual revela la profunda distorsión de su situación en ese momento. Según su testimonio, lo que realmente hubo en esos entornos eran manipulaciones para que mantuvieran la apariencia de que estaban allí por voluntad propia.

La responsabilidad civil del municipio se fundamentó en su inacción al permitir el funcionamiento de estos prostíbulos sin el adecuado control, lo que contribuyó a la vulneración de derechos de las mujeres explotadas en estos lugares. Las condenas impuestas a tres individuos involucrados en la explotación sexual fueron de 8, 5 y 4 años de prisión, respectivamente, y dichas sentencias ya están firmes.

La indemnización se justificó en el daño sufrido por la víctima y en la responsabilidad del municipio por no prevenir la trata, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las regulaciones en materia de explotación y trata de personas en la región. Esta decisión de la justicia representa un precedente significativo en la lucha contra la trata de personas y la protección de los derechos de las víctimas en Argentina.

A medida que se sigan abordando estos casos, surge la expectativa de que se refuercen las políticas públicas para prevenir la trata y ofrecer una mejor respuesta a las víctimas, así como una mayor vigilancia sobre los establecimientos relacionados con la explotación sexual en toda la Patagonia.