Confirman sanción a Jorge Iván Ospina por desacato en tutela de salud

El Juzgado Civil del Circuito de Aguadas, en Caldas, confirmó la orden de arresto por tres días y una multa económica de aproximadamente 5.255.740 pesos colombianos para Jorge Iván Ospina y Luis Carlos Velandia Cortés, funcionarios de la Nueva EPS, por no cumplir con una tutela que garantizaba atención médica integral a un menor diagnosticado con hidrocefalia y toxoplasmosis congénita. Esta decisión se produjo tras un proceso judicial que evidenció la falta de acción por parte de los gerentes de la entidad convocada a asegurar la salud del niño.

La tutela, dictada en febrero de 2023, ordenaba a la Nueva EPS proporcionar un tratamiento completo que incluía consultas con especialistas, terapias y exámenes médicos necesarios para el paciente. Sin embargo, a pesar de los múltiples requerimientos judiciales, el cumplimiento de esta orden no se materializó. En abril de 2026, la madre del menor denunció el incumplimiento de varios servicios prescriptos por los profesionales de salud para atender adecuadamente la patología del niño.

La jueza María Magdalena Gómez Zuluaga, a cargo del caso, determinó que ambos implicados guardaron silencio ante los pedidos del tribunal y no acreditaron acciones para garantizar la atención médica del menor. La falta de respuesta fue considerada negligente, afectando gravemente los derechos fundamentales del niño a la salud y a una vida digna.

Esta sanción marca una segunda advertencia para Ospina desde que asumió el cargo de interventor en la Nueva EPS en abril de 2026, después de haber sido designado por la Superintendencia Nacional de Salud. En solo tres meses, recibió otra sanción similar por desatender un fallo de tutela en un caso que también comprometía la vida de un afiliado. La crisis estructural de la Nueva EPS ha despertado preocupaciones a nivel judicial, con la Corte Suprema de Justicia ahora solicitando la presentación de un plan de acción dentro de 60 días para resolver todas las tutelas pendientes.

El contexto de esta situación es alarmante: la entidad de salud se encuentra bajo intervención forzosa desde 2024, lo que refleja falencias en el cumplimiento en la atención de salud en Colombia. Estos episodios resaltan no solo problemas administrativos dentro de la Nueva EPS, sino también vulneraciones a derechos básicos de la ciudadanía que dependen de un sistema de salud eficiente y responsable. La jueza ha advertido que la sanción no exime a Ospina de cumplir las órdenes judiciales. En caso de persistir el incumplimiento, podrían establecerse nuevas sanciones.

Las implicancias de este fallo no solo caen sobre los funcionarios sancionados, sino que también podrían impactar la percepción pública sobre la Nueva EPS y la eficiencia de su gestión en medio de una crisis de confianza en las entidades de salud del país. Se requiere una respuesta institucional sólida para comenzar a reparar el daño causados a los pacientes más vulnerables y asegurar sus derechos más fundamentales.