Confirmaron restricción contra juez de Roca por maltrato a defensora pública

La Cámara de Apelaciones de la ciudad de General Roca confirmó la restricción de acercamiento impuesta al juez federal Hugo Greca, quien no podrá interactuar con la defensora pública Celia Delgado en el ámbito laboral. La medida responde a un episodio de maltrato ocurrido en marzo de 2025, donde Greca tuvo un comportamiento considerado despectivo hacia Delgado, lo que motivó la denuncia de ella por violencia psicológica. La situación escaló a tal punto que se decidió actuar desde la justicia, encuadrando el caso bajo la ley de violencia de género.

El conflicto comenzó cuando Delgado recusó al juez por haber emitido una orden de allanamiento, lo que limitaba su capacidad de evaluarlo en el caso. Greca tuvo una reacción hostil durante una audiencia, describiendo la intervención de la defensora como un "error garrafal" y restándole importancia a su planteo. Tras este episodio, el juez intentó apelar la restricción diciendo que su sanción mira a la violencia de género, lo cual rechazaron sus pares de la Cámara.

La magistrada Carolina Pandolfi, responsable de la medida inicial, había dispuesto que Greca no se acercara a la defensora y además lo obligó a realizar cursos de capacitación sobre género. En un voto unánime, la Cámara subrayó que esta capacitación no es una sanción, sino una acción necesaria para prevenir futuros incidentes similares. Se argumentó que el objetivo es reeducar en cuestiones de trato y respeto hacia los colegas en el ámbito judicial.

Desde una perspectiva técnica, el camarista Mariano Lozano aclaró que la prohibición fue acotada a ciertos espacios y situaciones, permitiéndole a Greca continuar en sus funciones judiciales. Este tipo de medidas ha sido objeto de debate en el ámbito judicial, dado que la ley 26.485 establece lineamientos claros para tratar situaciones de violencia de género en todos los ámbitos, incluidos aquellos que involucran a funcionarios públicos.

La resolución de la Cámara representa un avance significativo en la consideración de la violencia de género en el ámbito judicial, sentando un precedente sobre cómo las instituciones pueden abordar y sancionar actitudes de maltrato. La decisión también refuerza la necesidad de formación en temas de género para magistrados y funcionarios, algo que se ha ido implementando progresivamente en el sistema judicial argentino.

El caso ha generado repercusiones en la comunidad judicial de la Patagonia, donde la profesión legal enfrenta desafíos en la integración de la perspectiva de género en sus prácticas diarias. La importancia de este enfoque es fundamental para fomentar un ambiente de trabajo más equitativo y respetuoso, en línea con los derechos humanos y las normativas vigentes.