Conflicto con la minera Newmont tras inspecciones laborales en Cerro Negro

Un conflicto laboral se ha intensificado en Cerro Negro, Santa Cruz, entre la minera Newmont y el gobierno provincial. La situación comenzó hace varias semanas cuando inspectores de trabajo realizaron una evaluación de rutina sobre las condiciones laborales y de seguridad. Sin embargo, durante una segunda visita, directivos de Newmont bloquearon el acceso de los funcionarios, incluyendo a miembros de la policía, lo que obligó a solicitar una orden judicial para ingresar al yacimiento.

El secretario de Trabajo de la provincia, Javier Aravena, dio a conocer nuevos detalles del conflicto en una entrevista radial. Aravena mencionó que la empresa, que pertenece a capitales internacionales, desmovilizó de manera unilateral a gran parte de su personal tras las inspecciones. Esto afecta a más de 2,000 empleados, generando un clima de incertidumbre en la región. Además, se reportaron entre 14 y 16 sumarios en curso por infacciones laborales, que varían en gravedad.

Uno de los aspectos más destacados por el secretario es que, al anunciarse las inspecciones, Newmont tomó medidas para ocultar vehículos bajo el mina, con el propósito de evadir el control provincial. Aravena aseguró que hay pruebas documentales y fotográficas que respaldan esta afirmación, lo que complica aún más la situación de la empresa. Las actas de inspección indican que las condiciones en el yacimiento son peores que en visitas anteriores.

Este conflicto no solo pone de relieve la resistencia de la empresa ante el control estatal, sino que también destaca la complejidad de las relaciones laborales en el sector minero en la Patagonia. El yacimiento de Cerro Negro es uno de los más importantes de la región, donde la actividad minera es clave para la economía local. Sin embargo, las tensiones laborales pueden afectar tanto la productividad como las condiciones de trabajo en un sector donde ya se registran preocupaciones sobre la seguridad.

El impacto de esta situación podría extenderse más allá del ámbito laboral, provocando reacciones en la comunidad, que se preocupa por el futuro de los empleos en la región. Los próximos pasos para resolver el conflicto dependerán de cómo la empresa actúe ante los requerimientos de las autoridades y si se logra abrir un canal de diálogo que permita resolver las diferencias.