Conflicto entre Conarpesa y el STIA en medio de acusaciones mutuas

El conflicto entre Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) ha tomado un nuevo rumbo, luego de que su presidente, Fernando Álvarez Castellano, anunciará su intención de someterse a pruebas toxicológicas. Esta decisión surge como respuesta a las acusaciones de consumo de drogas vertidas por el dirigente sindical Pepe Díaz, quien lo calificó de "falopero" durante las protestas que siguieron al despido de 39 empleados de la empresa. Álvarez Castellano expresó que este agravio personal lo llevó a querer demostrar públicamente su inocencia.

Durante una entrevista, el empresario afirmó que ya ha comenzado a coordinar los estudios correspondientes, asegurando que se realizará el análisis más exhaustivo posible. Además, hizo hincapié en su deseo de que los dirigentes del STIA, incluido Díaz, se sometan a los mismos controles antes de que él asista a futuras audiencias de conciliación. La propuesta se enmarca dentro de su llamado a un trato respetuoso durante las negociaciones laborales.

A pesar de la controversia, Álvarez Castellano destacó que su objetivo no es iniciar una denuncia penal contra los sindicalistas, sino establecer un diálogo que se base en el respeto mutuo. Al mismo tiempo, reiteró su postura con respecto a la ocupación de las oficinas administrativas de Conarpesa, a la que considera una "usurpación" que afecta el funcionamiento de la empresa y la libertad de su personal.

El empresario también indicó que está dispuesto a revisar algunos de los despidos, considerando el caso de empleados que no hayan estado involucrados en conflictos laborales, aunque subrayó que la decisión de reincorporar a los trabajadores dependerá exclusivamente de él y no de presiones externas por parte del sindicato.

Esta situación refleja las tensiones existentes en la industria pesquera de la región, donde la lucha por los derechos laborales y la situación económica de las empresas se entrelazan. El futuro de Conarpesa, una de las principales empresas pesqueras de la Patagonia argentina, dependerá de la resolución de este conflicto y las condiciones establecidas para las próximas auditorías de conciliación.