Conflicto entre traductores públicos y el gobierno por proyecto de desregulación

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, ha suscitado controversia con su iniciativa de desregular diversas profesiones colegiadas, incluyendo a los traductores públicos. Este proyecto, que fue enviado al Congreso, ha generado una fuerte oposición de diferentes sectores, destacando en esta ocasión la respuesta de los traductores, quienes consideran que la propuesta pondría en riesgo la calidad y legalidad de las traducciones.

Desde el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires se ha remarcado que, desde el año 1972, la obligatoriedad de contar con un traductor público especializado para ciertos documentos ha sido un estándar no solo en el ámbito judicial sino también en contextos que involucran a ciudadanos extranjeros. Se citó que el artículo 115 del Código Procesal Civil y Comercial exige que las causas se sustancien en español, y la jurisprudencia de la Corte Suprema refuerza la necesidad de claridad en los fallos judiciales.

La propuesta de Sturzenegger, que busca eliminar esta obligatoriedad para el ámbito ejecutivo y trasladar la responsabilidad del control de la veracidad de las traducciones al ámbito privado, ha sido calificada por los traductores como potencialmente generadora de "inseguridad jurídica total". Aseguran que dicha reforma podría provocar que documentos fundamentales originados en otros idiomas no sean traducidos adecuadamente, vulnerando así la comprensión y el acceso a la justicia.

Los traductores han identificado varios problemas en el nuevo proyecto: la persistencia de la obligatoriedad de traducción en provincias y municipios, la posibilidad de que documentos en otros idiomas sean presentados sin control, y la falta de responsabilidad sobre la exactitud de estas traducciones. Específicamente, se señala que mientras se busca incrementar la responsabilidad de contadores y abogados, la figura del traductor parece quedar desprotegida y al margen de un marco regulatorio.

El respaldo del presidente Javier Milei hacia Sturzenegger ante las críticas recibidas por su gestión incrementa el debate sobre la transparencia y el futuro de las profesiones reguladas en el país. La propuesta ha generado un clima de tensión no solo con los traductores, sino también con otros profesionales que ven en la desregulación una amenaza a sus sectores.

El contexto actual plantea interrogantes sobre la dirección que tomará el proyecto en el Congreso y las respuestas del Gobierno ante el creciente rechazo de organizaciones profesionales. A medida que avanza el debate, la comunidad de traductores públicos mantendrá una férrea resistencia, solicitando la defensa de sus derechos y la importancia de su labor en el ámbito judicial y comercial.