Conflicto judicial por la contratación de Jimena Barón en Villa La Angostura cumple seis años

La controversia relacionada con la contratación de Jimena Barón para participar en la Fiesta Nacional de los Jardines de Villa La Angostura ha llegado a su sexto año sin una solución definitiva. El conflicto se originó en 2019, cuando la Municipalidad de Villa La Angostura anunció a la cantante como una de las principales figuras del evento previsto para febrero de 2020. La contratación, realizada a través de un representante, totalizaba más de 2,2 millones de pesos e incluía gastos como aéreos y alojamiento para un grupo considerable de personas. Sin embargo, el esperado recital nunca se llevó a cabo debido a problemas de salud de Barón, quien debió cancelar no solo su presentación en Villa La Angostura, sino también en General Roca.

A partir de la cancelación, el Municipio inició gestiones para recuperar el dinero invertido. Se informó que parte del monto había sido devuelto, aunque quedaron varios importes pendientes, lo que llevó a la administración local a reclamar más de 700 mil pesos en 2021. En este contexto, se inició un conflicto judicial cuando el representante de Barón, Eduardo Bonuccelli, rechazó el reclamo y negó actuar en nombre de la artista.

El conflicto ha atravesado varias etapas, incluyendo una mediación que fracasó, lo que obligó a la Municipalidad a recurrir a instancias judiciales. Actualmente, la causa está en manos del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 103 de Buenos Aires, bajo la supervisión del juez Ariel Ignacio Fognini. Recientemente se ha designado al contador Ricardo Arnoldo Penida para realizar una pericia contable que aclare los movimientos de fondos relacionados con la contratación y su posterior cancelación.

Desde el 22 de septiembre de 2025, los plazos para dictar sentencia se encuentran suspendidos, ya que el juez decidió que era necesario desvincular el resto de los pagos, transferencias y devoluciones antes de continuar con el proceso judicial. La situación resalta la complejidad del conflicto, que combina aspectos legales, financieros y contractuales, y que ha capturado la atención pública debido a la notoriedad de la artista involucrada.

A medida que avanza la causa, la expectativa se centra en la pericia contable que podría despejar las dudas sobre la correcta administración de los fondos. La resolución de este asunto podría sentar un precedente en la gestión de contratos municipales relacionados con eventos, un tema pertinente en un contexto donde el turismo y la cultura son pilares de la economía local en la Patagonia.

Este caso, que ha demandado más de seis años, refleja cómo los conflictos legales pueden prolongarse y complicarse en escenarios donde confluyen diferentes actores, y cómo las comunidades deben enfrentar las consecuencias de estos desacuerdos en sus celebraciones y actividades públicas. Con la figura de Jimena Barón en el centro de la controversia, el eventual desenlace del conflicto podría influir en futuras contrataciones dentro del ámbito artístico en la región.