Conflictos judiciales del loteo de La Meseta complican futuro de la cooperativa

La Cooperativa 127 Hectáreas enfrenta una situación crítica en su intento por llevar adelante un proyecto de loteo social en La Meseta, Neuquén, después de cinco años de espera desde que se anunció la inclusión de las tierras en el ejido urbano. Los asociados, que habían confiado en recibir un lote, se ven ahora con la incertidumbre de no saber si podrán acceder a su terreno o si recibirán la devolución de su dinero, mientras su situación se dirime en instancias judiciales.

Actualmente, el futuro del proyecto se encuentra en tres frentes judiciales que interactúan entre sí de maneras complejas. La causa penal investiga si hubo estafa por parte de miembros de la cooperativa, en particular su presidente, Jorge Salas, y otros dos integrantes de la comisión. La Fiscalía sostiene que la cooperativa no tenía derecho a los terrenos que vendía y que se brindó información errónea a los postulantes sobre la propiedad y la urbanización de los lotes.

Por otro lado, en el ámbito civil se están llevando a cabo dos juicios. Uno de ellos se enfoca en si la cooperativa cumplió los contratos con los socios, mientras que el otro involucra la intervención del Estado que podría redefinir el rumbo de la causa judicial. A raíz de la falta de incorporación de las tierras al ejido urbano, que depende de una legislación específica, las denuncias no tardaron en surgir. El caos generado por la exclusión de las 127 hectáreas del nuevo ejido se ha convertido en el eje del conflicto.

El camino judicial comenzó a delinearse en 2020, durante la pandemia, con la firma de un convenio entre el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) y la cooperativa para desarrollar el predio. En 2021, el Municipio empezó a derivar solicitudes de las familias interesadas, pero el primer obstáculo se presentó cuando la Legislatura excluyó las tierras del nuevo ejido, lo que ha impedido cualquier avance significativo.

Las autoridades municipales han manifestado la importancia de la ampliación del ejido para permitir el desarrollo de la urbanización, pero la incertidumbre persiste. La comunidad plantea interrogantes sobre los motivos detrás de la exclusión de las 127 hectáreas por parte de los legisladores, un tema que aún no ha tenido respuesta clara.

La situación actual de la cooperativa no solo enmarca en un contexto judicial complicado, sino que también afecta a las familias que esperan una solución. A medida que los tres frentes judiciales avanzan, la comunidad y los involucrados vislumbran un futuro incierto que depende de la resolución de estas causas.