Congreso de Veracruz evalúa desafuero a dos alcaldes por caso de periodista asesinada

Este 5 de agosto, el Congreso de Veracruz llevará a cabo una sesión extraordinaria para decidir sobre el desafuero de los alcaldes Raúl González Martínez de Ixhuatlán del Sureste y Bertín Bravo Montero de Úrsulo Galván. Esta votación es crucial, ya que si se aprueba, permitirá a la Fiscalía General del Estado iniciar acciones penales en contra de ambos ediles, quienes están implicados en delitos graves. La aprobación requiere el respaldo de las dos terceras partes de la LXVII Legislatura.

La situación surge tras el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán, que ha conmocionado a la sociedad veracruzana y ha puesto de manifiesto la relación entre la política local y la violencia hacia la prensa. Según las investigaciones, González Martínez es señalado como el presunto autor intelectual de la privación de la libertad y posterior homicidio de Guzmán, indicando que habría solicitado a un miembro de un grupo delictivo que se encargara de ella, tras enterarse de que poseía una foto comprometedora.

Por otro lado, el caso de Bertín Bravo Montero se vincula con la desaparición de dos empresarios en mayo de 2026, quienes fueron vistos por última vez en una propiedad relacionada con el alcalde. Ambos alcaldes han negado culpabilidad, y sus defensas argumentan la falta de pruebas suficientes para sustentar las acusaciones, cuestionando la validez de los testimonios presentados en su contra.

La Comisión Permanente Instructora del Congreso ha señalado que hay motivos para proceder con el desafuero, lo que abre la puerta a que los alcaldes enfrenten un proceso judicial. Las audiencias de pruebas y alegatos se realizaron el 30 de julio, en las cuales ambos ediles presentaron su defensa ante el pleno.

La situación en Veracruz refleja un contexto de creciente violencia contra periodistas y una compleja relación entre autoridades y criminalidad, poniendo en el centro del debate la seguridad de los comunicadores y el ejercicio de la libertad de prensa. El resultado de la votación en el Congreso será clave no solo para el futuro de los alcaldes, sino también para el fortalecimiento de la lucha contra la impunidad en crímenes relacionados con la prensa.

El seguimiento de este caso es fundamental para evaluar la respuesta del sistema político mexicano ante la violencia que enfrenta el periodismo, y se espera que la decisión del Congreso tenga un impacto significativo sobre cómo se enfrentan casos de violencia política y de género en el país. La ciudadanía espera justicia, mientras se crea un ambiente de incertidumbre y preocupación por la seguridad de los comunicadores.