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Consejo de Estado de Colombia revisará reglamentación de eutanasia

El Consejo de Estado de Colombia ha comenzado el proceso judicial para evaluar la legalidad de la Resolución 813 del Ministerio de Salud, que regula la eutanasia. La demanda, presentada por el concejal Marco Acosta, cuestiona la legitimidad del uso de un acto administrativo para regular derechos fundamentales.

Por Juan Gaona5 min de lectura
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Consejo de Estado de Colombia revisará reglamentación de eutanasia

El Consejo de Estado de Colombia ha iniciado la revisión judicial de la Resolución 813, emitida por el Ministerio de Salud el 28 de abril de 2026. Esta resolución establece procedimientos relacionados con la eutanasia y cómo se adecuan los esfuerzos terapéuticos. La decisión de admitir la evaluación no modifica la vigencia de la normativa, pero establece un marco dentro del cual se analizará si el Ejecutivo actuó dentro de sus competencias legales al expedir dicha resolución.

La demanda fue interpuesta por Marco Acosta, concejal de Bogotá, quien argumenta que la regulación de derechos fundamentales, como el derecho a morir dignamente, debería ser realizada a través de una ley estatutaria en vez de un acto administrativo. Acosta sostiene que esta normativa, por su naturaleza, requiere un debate legislativo especial en el Congreso, conforme lo estipulado por la Constitución.

La admisión de la demanda fue confirmada por el magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro, quien consideró que el caso llama a un análisis en profundidad. Esto implica que el tribunal deberá verificar si la Resolución 813 se ajusta a las normas constitucionales y las competencias asignadas a cada poder del Estado. La discusión se centrará en si efectivamente el Ministerio de Salud excedió sus facultades al emitir una regulación tan sensible.

Desde la presentación de la demanda, Acosta ha pedido al Consejo de Estado que realice un estudio riguroso y apegado a la Constitución, en especial en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales. El concejal ha subrayado que ninguna entidad del Ejecutivo debería sustituir al legislador, ni modificar derechos mediante resoluciones administrativas.

A pesar de la admisión del caso, es importante destacar que este proceso no implica una suspensión inmediata de la Resolución 813 ni un pronunciamiento sobre su validez. En esta nueva etapa, el Consejo de Estado permitirá al Ministerio de Salud presentar sus argumentos en defensa de la legalidad de la resolución cuestionada.

Una vez que ambas partes presenten sus posiciones y se cumplan los procedimientos establecidos, el Consejo avanzará hacia una decisión definitiva sobre la legalidad de la normativa que regula el derecho a morir dignamente en Colombia. Este proceso no solo es significativo para la legislación sobre la eutanasia, sino que también marca un momento crucial en el debate sobre los derechos fundamentales en el país, generando expectativa en la sociedad colombiana.

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