Consejo de Estado recibe demanda contra decreto de Gustavo Petro sobre tierras rurales

El Consejo de Estado de Colombia ha recibido la primera demanda contra el decreto 0765 de 2026, promulgado por el gobierno de Gustavo Petro. Este recurso solicitan la nulidad del decreto y busca una medida urgente que detenga sus efectos, subrayando que la norma amplía las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre predios rurales, lo que podría comprometer la propiedad privada. La demanda fue presentada por Andrés Alberto Ávila Ávila y criticada por la senadora Paloma Valencia, quien argumenta que el decreto permite a la ANT cancelar gravámenes y realizar cambios en los registros sin seguir los procedimientos legales correspondientes.

El demandante sostiene que el gobierno excedió su autoridad reglamentaria al crear atribuciones que no fueron avaladas por el Congreso. La discusión central gira en torno a si el Ejecutivo puede implementar medidas para acelerar la transferencia de tierras para la reforma agraria con un impacto que, según la demanda, incertidumbre jurídica sobre la propiedad rural. La naturaleza urgente de esta solicitud responde a la rapidez con la que se implementó el decreto, el cual fue elaborado en solo seis días tras una consulta pública y establece cambios que podrían resultar en efectos inmediatos y permanentes sobre la propiedad.

La demanda ha resaltado preocupaciones sobre la legalidad y las repercusiones de la norma. En la presentación se describe cómo el decreto permite la cancelación de cargas inscritas en el registro de propiedades, acciones que, según los críticos, podrían desvirtuar el sistema registral y ofrecer una "posesión sin entrega" de los terrenos. Esta situación ha llevado al Consejo de Estado a estudiar la admisión del recurso, que podría incluir la solicitud de suspensión de los efectos del decreto mientras se resuelve el litigio.

Las reacciones al decreto han sido diversas. La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, expresó su preocupación por lo que considera una sobreextensión de las facultades de la ANT, alertando que dicho acto administrativo podría poner en riesgo la protección de la propiedad privada al facilitar la cancelación de derechos previamente establecidos. La legisladora acusa al gobierno de actuar sin la debida consulta y de modificar la ley a través de un decreto.

Por su parte, Indalecio Dangond, el ministro de Agricultura designado, indicó que la nueva administración revisará el contenido del decreto. Subrayó la importancia de que cualquier acción relacionada con la transferencia de tierras respete los derechos de los propietarios y terceros involucrados. La maniobra del gobierno actual ha despertado un debate sustancial acerca del futuro de las políticas agrarias en Colombia, que deben balancear la necesidad de tierras para la producción con la garantía de un proceso legal claro y justo.

En conclusión, la atención se centra ahora en el Consejo de Estado, que en los próximos días deberá decidir si admite la demanda y si se da curso a la suspensión del decreto. Este caso podría definir el rumbo de las políticas de tierras y el respeto por la propiedad privada en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro.