Contratos del Gobierno Petro aumentan un 22,5% tras fin de la Ley de Garantías
Durante julio de 2026, la contratación pública en Colombia se incrementó un 22,5% tras el levantamiento de la Ley de Garantías, generando preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal. La Contraloría alerta sobre la posibilidad de que esto comprometa el equilibrio financiero del país.
La Contraloría General de la República de Colombia emitió una advertencia al gobierno de Gustavo Petro tras detectar un aumento del 22,5% en la contratación pública, luego de la finalización de la Ley de Garantías. Este incremento se traduce en la firma de 14.414 contratos por un total de aproximadamente 4,55 billones de pesos entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, una cifra que supera el registro del mismo período hace cuatro años. La Contraloría enfatiza que, si estos contratos se realizan sin respaldo presupuestal o planeación adecuada, pueden comprometer la sostenibilidad fiscal del Estado.
El organismo advirtió que más del 11.000 contratos bajo este nuevo contexto fueron adjudicados mediante contratación directa. La situación es preocupante no solo por la cantidad de contratos, sino también por las presiones financieras y la falta de reservas presupuestarias, lo que podría generar dificultades en la ejecución de estas obligaciones antes del final del gobierno actual. La Contraloría instó al Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, a tomar medidas para salvaguardar la estabilidad financiera en la recta final del mandato.
La contralora delegada Jenny Lindo destacó que muchas de las contrataciones realizadas no cumplen con los principios de planificación y respaldo fiscal necesarios. En su declaración, advirtió que si continúan las irregularidades, habrá responsabilidades de carácter disciplinario o fiscal para quienes decidan proceder sin la correcta justificación de fondos.
El sector que sigue liderando en montos de contratación es el Ministerio del Interior, que hasta el 27 de julio había firmado seis contratos por más de 141.000 millones de pesos. Le siguen la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo y la regional Antioquia del Sena. Los contratos por prestación de servicios constituyen el 45,9% de los acuerdos firmados, evidenciando una tendencia hacia este tipo de contratos en el escenario post-Ley de Garantías.
Además, la Contraloría precisó que es crucial verificar la capacidad institucional para supervisar y ejecutar estos contratos. Al respecto, Lindo reiteró que, más allá de la cifra de contratos, se requiere una capacidad efectiva del Estado para ejecutar y controlar adecuadamente estas actividades en el segundo semestre del año. La ejecución de más de 14.000 contratos demanda un fuerte uso de recursos tanto financieros como administrativos.