Controversia en Chubut por fallo que obliga a alimentar a presos con carne roja
La provincia de Chubut ha sido testigo de un debate acalorado tras una decisión judicial que ordena al gobierno local proveer carne roja a los presos. El gobernador Torres criticó la medida y cuestionó la ideología del juez involucrado, considerándola irresponsable.
Recientemente, Chubut se vio envuelta en una controversia tras un fallo del juez Marcelo Nieto Di Biase, que obligó a la provincia a adquirir carne roja para los internos del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y la Alcaidía de Trelew en un plazo de 72 horas. Esta decisión se produjo en medio de una protesta pacífica de los reclusos, quienes exigen mejores condiciones alimenticias, especialmente aquellos que requieren dietas específicas por motivos de salud.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, mostró su rechazo al dictamen en una entrevista radial. Afirmó que no acatarán la orden de proporcionar carne asada a los presos todos los días, considerándolo inapropiado. Torres vinculó este caso con decisiones previas del juez, que también han generado controversia, como demoras en allanamientos y la obligación de trasladar a un preso peligroso para tratamiento médico, lo que resultó en un intento de fuga.
En su discurso, Torres criticó la postura del juez, señalando que sus decisiones parecen favorecer más a los reclusos que a la seguridad pública. Recordó incidentes donde el mismo magistrado había solicitado la liberación de un homicida por supuestos signos de rehabilitación, quien luego reincidió en delitos.
Además, el gobernador mencionó situaciones que consideró absurdas, como resoluciones judiciales que permitieron a los internos realizar llamadas telefónicas por motivos de salud, lo que consideró un abuso. Torres considera que ciertos jueces están actuando más como defensores de los derechos de los presos que como garantes de la justicia y la seguridad de la sociedad.
El gobierno provincial está evaluando acciones ante el accionar del juez, con conversaciones entre el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Justicia para implementar medidas concretas. Torres enfatizó la necesidad de poner fin a lo que considera una tendencia peligrosa en algunas decisiones judiciales que, en su opinión, ponen en riesgo a la población chubutense.
Este episodio genera un nuevo marco de tensión entre las autoridades provinciales y el Poder Judicial, poniendo de manifiesto las divergencias en la interpretación de los derechos de los reclusos frente a la necesidad de mantener la seguridad pública.