Controversia en Colombia por el costo del seguro de energía en facturas

En Colombia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentó un informe crítico sobre el cargo por confiabilidad, un mecanismo que ha estado vigente durante 20 años y que se refleja en la facturación de energía. Desde 2006, los usuarios han transferido aproximadamente $97,1 billones a las empresas generadoras, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la eficacia de dicho cargo.

Este cargo se instauró como un seguro para garantizar la operatividad de plantas de respaldo, especialmente térmicas, durante periodos de escasez hídrica, como los provocados por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, el análisis revela que aproximadamente el 62% de los fondos recaudados se destina a plantas hídricas, lo que genera cuestionamientos sobre su efectividad en situaciones de sequía, ya que estas instalaciones también pueden verse afectadas en tales ciclos.

De acuerdo al informe, en 2025, el cargo representó un 21,5% de los ingresos del sector generador, lo que desata preocupaciones respecto a la transparencia y justificación del cobro. Felipe Durán Carrón, superintendente de la entidad, cuestionó abiertamente la lógica de seguir aplicando un esquema que ha acumulado tales recursos sin haber garantizado mejoras significativas en la capacidad energética del país.

La Superintendencia sugirió que tanto la Comisión de Regulación de Energía y Gas como el Ministerio de Minas y Energía revisen el diseño regulatorio del mecanismo, con el objetivo de fomentar la inclusión de fuentes renovables más eficientes, contrastando las viejas plantas que, según el informe, aún predominan en el sistema.

Por su parte, representantes del sector generador, como la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), defendieron la efectividad del cargo y cuestionaron la crítica de la Superintendencia. Aseguraron que, durante los últimos 20 años, el sector ha podido evitar racionamientos que habrían costado al país pérdidas económicas significativas.

El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, argumentó que el costo del mecanismo se ha traducido en un beneficio tras evitar apagones que, según su estimación, habrían impactado negativamente el Producto Interno Bruto en billones de pesos. La defensa del sector se centra en cómo el sistema ha permitido que Colombia mantenga su suministro eléctrico, incluso en épocas de crisis.

En este contexto, la controversia está marcada por la tensión entre el gobierno y las empresas generadoras, y se espera que las acciones recomendadas por la Superintendencia repercutan en la regulación y futura inversión en la infraestructura energética del país, un aspecto crítico en la nación sudamericana, que enfrenta desafíos climáticos y energéticos.