Controversia por contrato del hermano del premier Luis Arroyo

Un reciente informe ha revelado que Jaime Arroyo, hermano del primer ministro de Perú, Luis Arroyo, fue beneficiado con un contrato por S/6.000 en el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Esta entidad está vinculada a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La orden de servicio fue emitida el 27 de mayo, poco tiempo después de que Jaime Arroyo se registrara como proveedor ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) para ofrecer apoyo en programas y eventos deportivos.

Según el análisis realizado, la legislación peruana prohíbe a los ministros contratar a familiares dentro de su propia cartera; sin embargo, no se extiende automáticamente a otras instituciones estatales. Este matiz ha suscitado dudas sobre la posible influencia del premier en esta contratación. José Trelles, experto en contrataciones estatales, advirtió que es fundamental investigar si existió alguna injerencia en la decisión de adjudicar el contrato a un familiar del jefe de gabinete.

La contratación de Jaime Arroyo ha generado críticas, dado que su perfil como proveedor es escaso. En registros públicos, solo se encuentran dos órdenes de servicio previas emitidas en 2017, por la Municipalidad Provincial de Ascope, que no están claramente relacionadas con actividades deportivas. Además, el mismo premier indicó en sus declaraciones juradas que su hermano no tenía ocupación ni profesión conocida, planteando interrogantes sobre la idoneidad de su contratación.

El IPD y la PCM han sido cuestionados no solo por este contrato específico, sino también por el procedimiento usado para adjudicarlo. Trelles también enfatizó que la falta de experiencia de Jaime Arroyo como proveedor, así como el breve tiempo transcurrido desde su inscripción en el RNP, deja dudas sobre la transparencia del proceso. Indicó que sería relevante revisar el marco legal aplicable y si el perfil de Jaime Arroyo se alinea con las necesidades del servicio contratado.

Desde la PCM, intentaron justificar que el premier no fue informado sobre esta contratación hasta que surgieron consultas del programa periodístico involucrado. Se mencionó que Jaime Arroyo recibió S/3.000 por un entregable único antes de renunciar a la prestación del servicio. Sin embargo, la comunidad y expertos en administración pública están a la expectativa de que se esclarezcan estas circunstancias y se garantice la transparencia en la asignación de contratos estatales.