Controversia por el amarre de un petrolero británico en Ushuaia
La llegada del petrolero británico VS Promise al puerto de Ushuaia generó una fuerte controversia en Tierra del Fuego, donde se cuestiona la autorización para su amarre. La situación ha llevado a un cruce entre el gobierno provincial y nacional, que involucra a la Fiscalía de Estado.
El buque británico de petróleo VS Promise, de 228 metros de eslora, atracó en el puerto de Ushuaia ante un evento climático que le impidió completar su carga en la monoboya cercana de Río Cullén. Este hecho revivió la tensión histórica entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, contexto sensible que se intensificó con la reciente celebración del Mundial de Fútbol.
La controversia se desató cuando el gobierno de Tierra del Fuego emitió un comunicado criticando al gobierno nacional por permitir el amarre del barco, que se prolongó durante 14 horas. Este episodio llevó a cuestionar la actuación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), acusada de violar la Ley provincial 852, conocida como la Ley Gaucho Rivero, que restringe el ingreso de embarcaciones británicas a los puertos argentinos.
Por su parte, el gobierno provincial defendió la legalidad de la llegada del VS Promise, afirmando que el buque contaba con las autorizaciones necesarias de la Secretaría de Hidrocarburos y la Dirección Provincial de Puertos para operar en la zona. En respuesta, se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, donde su titular, Virgilio Martínez de Sucre, exigió al gobernador Gustavo Melella que aclare en un plazo de 15 días los permisos otorgados al buque.
El VS Promise fue contratado por un consorcio integrado por TotalEnergies, Pan American Energy (PAE) y Harbour Energy para transportar aproximadamente 500.000 barriles de petróleo extraídos en el marco de un desarrollo offshore. A pesar de la legislación restrictiva, la Ley Gaucho Rivero permite el ingreso de barcos británicos en casos de emergencia, lo que podría ser aplicable en este caso, dado que el petrolero no realiza actividades consideradas ilegales.
Sin embargo, este incidente subraya la complejidad de las relaciones entre Argentina y el Reino Unido, especialmente en el ámbito energético, donde se mezclan intereses económicos con una histórica disputa territorial. La reacción local obedece a una percepción de vulnerabilidad en la soberanía sobre las aguas circundantes a las Malvinas, reforzando un clima de sensibilidad y rechazo hacia la presencia británica en la región.
En las próximas semanas, se espera un pronunciamiento estatal sobre la polémica, y se mantendrá un seguimiento a futuras autorizaciones de buques de bandera británica en la jurisdicción provincial. La situación podría también abrir un debate más amplio sobre el marco regulatorio y las relaciones comerciales en el sector energético local.