Controversia por la exportación de agua pesada desde la Planta de Arroyito

La exportación de agua pesada desde la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito ha desatado un intenso debate en el ámbito político y periodístico. El periodista Alejandro Bercovich realizó declaraciones en las que aseguró que cuatro toneladas de agua pesada remanente estarían destinadas a Miami y las vinculó con el desguace de la planta. Esta afirmación se enmarca en un contexto en el que la planta había sido desactivada durante la administración de Mauricio Macri en 2017.

En respuesta a estas acusaciones, la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno calificó las afirmaciones de Bercovich como incorrectas. Aseguró que se trata de agua pesada de grado no nuclear, que no tiene aplicación en reactores nucleares y que, por el contrario, se destinará a fines industriales y de investigación, específicamente en el ámbito farmacéutico y científico. Según el organismo, aproximadamente 3,56 toneladas fueron vendidas por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) a través de un proceso de compulsa internacional.

La venta fue planificada hace más de un año y adjudicada a empresas de Estados Unidos y Alemania, que presentaron las mejores ofertas. La operación recibió las aprobaciones necesarias por parte del directorio de ENSI y de los organismos provinciales y nacionales, y se concretó en 2025 a precios acordes al mercado. Esta información refuerza la postura del Gobierno, que se alineó con la estrategia de abrir espacios para inversiones y el aprovechamiento del capital privado en proyectos energéticos.

La relación entre la exportación de agua pesada y la situación actual de la PIAP ha sido uno de los principales focos de tensión. La Oficina de Respuesta Oficial aclaró que la planta pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y desvinculó la venta del agua pesada con el desguace de la planta, un proceso que se había detenido por falta de financiamiento en el gobierno de Alberto Fernández.

Actualmente, la administración de Javier Milei se muestra abierta a la posibilidad de reactivar la PIAP, utilizando inversión privada para ello. Esta intención contrasta con las afirmaciones de Bercovich, que resaltan una perspectiva negativa sobre el papel del gobierno en la preservación de la infraestructura de la planta.

Así, se observa una clara discrepancia entre la visión crítica de Bercovich y la defensa oficial, que busca redirigir la narrativa hacia un uso pacífico de los recursos y la reactivación de la planta. La controversia plantea interrogantes sobre el futuro de la industria nuclear en Argentina y el aprovechamiento de recursos estratégicos, además de abrir el juego a un debate más amplio sobre la gestión de las políticas energéticas del país.