Controversia por la venta de tierras protegidas en El Calafate a capitales árabes

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, aprobó mediante un decreto la venta de una parcela situada en la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, a la empresa ASB Hospitality Calafate S.A.U., la cual es controlada por capitales de Emiratos Árabes Unidos. Esta decisión, formalizada el 1° de septiembre, ha generado un fuerte rechazo entre sectores de la comunidad local, incluidos grupos turísticos y ambientales, así como también desde el concejo deliberante de El Calafate y la Legislatura provincial.

El decreto en cuestión abre una excepción a la prohibición que restringe la adquisición de tierras en áreas protegidas por parte de compradores extranjeros. La operación incluye la transferencia de la propiedad actual, perteneciente a Lacustre del Sud S.A., a ASB Hospitality Calafate S.A.U., y está relacionada con el ambicioso proyecto turístico denominado "Master Plan Ecocentro", que se desarrollará en el departamento Lago Argentino. Sin embargo, la normativa aclara que esta autorización es única y excepcional, sin posibilidad de establecer precedentes para futuras solicitudes, lo cual pone de manifiesto la sensibilidad del tema en la región.

ASB Hospitality Calafate S.A.U. fue constituida en julio de 2026 y pertenece al grupo Albwardy Investment, que maneja cadenas hoteleras conocidas como Four Seasons, Hyatt y Meliá. Esta empresa ya tiene presencia en Argentina a través de propiedades en Buenos Aires y las Cataratas del Iguazú. El interés por la zona de El Calafate surge en el marco de un plan de expansión que contempla inversiones superiores a los 200 millones de dólares, aunque los detalles del proyecto aún son limitados.

Desde la comunidad y organizaciones locales se expresa preocupación por los impactos ambientales y turísticos de una inversión de tal magnitud. Las áreas protegidas son cruciales no solo para la conservación de la biodiversidad, sino también para el mantenimiento de la identidad cultural y económica de la región, que se basa en una oferta turística sostenible.

La discusión en torno a esta venta refleja tensiones entre las necesidades económicas de Santa Cruz y la defensa de los recursos naturales y espacios protegidos. A medida que avanza la implementación del decreto, será esencial monitorear tanto la opinión pública como los posibles efectos en el entorno de El Calafate.

La administración provincial deberá responder a las inquietudes de la comunidad y asegurar que, si el proyecto avanza, se respeten los estándares ambientales y de sostenibilidad, ya que la imagen de Santa Cruz como destino turístico depende en gran medida de la preservación de su entorno natural.