Controversia por presuntas estafas en la cooperativa Viento Sur de Neuquén

La cooperativa Viento Sur, integrada por varias organizaciones sociales en Neuquén, enfrenta acusaciones de manejar de manera irregular más de $1.208 millones destinados a un programa de capacitación. Según su defensa, estos pagos estaban contemplados en un decreto firmado durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez, en el que se establecían fondos para organizaciones que ayudaran a formar a sus integrantes en el ámbito laboral. Sin embargo, la fiscalía sostiene que el manejo de esos fondos careció de transparencia y podría constituir un delito.

La defensa, encabezada por el abogado Fernando Diez, está pidiendo que se declare la falta de garantías para un juicio justo y ha solicitado una "probation" como alternativa al juicio penal. Diez argumenta que las acciones tomadas por la cooperativa fueron simplemente el cumplimiento del decreto que apoya su existencia, resaltando que en el contexto de las protestas sociales de agosto de 2022, la gestión del conflicto implicó acuerdos que luego resultaron en los convenios cuestionados.

La jueza de garantías Natalia Pelosso será quien decida sobre estos pedidos en las próximas audiencias, que incluyen la evaluación de la evidencia presentada por la fiscalía y la posibilidad de que se lleve a cabo un juicio oral y público. Esta situación ha generado un clima de tensión, ya que la resolución podría implicar no solo la vida de los acusados, sino también el funcionamiento de diversas organizaciones sociales que dependen de esos fondos.

Viento Sur se formó en un contexto de creciente movilización social y protestas por parte de organizaciones como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Polo Obrero. Estos grupos han jugado un rol importante en la visibilización de problemas sociales en la provincia, lo que ha llevado a una complejidad mayor en el esclarecimiento de los hechos y la legitimidad de los reclamos.

Desde la creación del programa de capacitación en 2022, se han generado controversias sobre cómo se distribuyeron los fondos y la correspondencia de los pagos a los compromisos asumidos por las organizaciones. La fiscalía busca determinar si hubo irregularidades en estos convenios, lo que añade un nuevo capítulo a la relación entre el Estado y las cooperativas sociales en Neuquén.

En las próximas semanas, la magistrada deberá decidir si acepta los pedidos de sobreseimiento y si hay pruebas suficientes para avanzar hacia un juicio. Este proceso es clave no solo para los acusados, sino también para el futuro del trabajo de las organizaciones sociales en la provincia.