Controversial fallo sobre régimen penal juvenil genera críticas y juicio político

La jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, tomó una decisión polémica al sobreseer a un menor de 14 años, identificado como M.I.A., quien tenía cargos por tentativa de robo. De Marinis consideró que la normativa que regulaba la responsabilidad penal juvenil es inconstitucional. Este fallo es el segundo revés para el régimen penal juvenil instaurado recientemente a nivel nacional, sumándose a una anterior decisión de la jueza Marta Pascual en Lomas de Zamora, que había suspendido la aplicación de la ley en la provincia de Buenos Aires.

El caso que llevó a esta resolución ocurrió el 10 de septiembre, cuando un hombre fue víctima de un intento de robo por parte de un grupo de adolescentes. Uno de ellos exigió la entrega del celular a la víctima, quien logró escapar y alertar a la policía. Tras la captura de los implicados, al menos cuatro jóvenes quedaron a disposición de la Justicia. El hecho fue calificado por el Ministerio Público Fiscal como "robo simple en grado de tentativa", pero la defensa del menor argumentó la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 que regula el régimen penal juvenil.

Durante la audiencia convocada por la jueza, se plantearon solicitudes formales sobre la inconstitucionalidad y la competencia del foro. Se detectó una dificultad para que la Asesoría Tutelar pudiera contactarse con el menor. De Marinis otorgó un plazo adicional para garantizar el derecho a la defensa del adolescente, que finalmente mostró interés en apoyar la declaración de inconstitucionalidad, aunque admitió desconocer los detalles de la ley.

El fallo provocó reacciones inmediatas desde el oficialismo, que expresaron su desacuerdo en redes sociales, abogando por una revisión de la decisión y la destitución de la magistrada. Este debate no solo pone en tela de juicio la legislación actual sobre la responsabilidad penal de los menores, sino que también resalta la tensión entre el sistema judicial y las políticas públicas relativas a la juventud en conflicto con la ley.

En esta coyuntura, la porción más visible de la crítica proviene del Gobierno, manifestada a través de voces como la de Jorge Macri, quien ha solicitado un juicio político en respuesta a la decisión de la jueza De Marinis. La situación anticipa un posible revés en instancias superiores, donde ya se prevé que la Cámara de Apelaciones abordará el asunto con una perspectiva diferente a la de la magistrada porteña.

Este caso reitera el debate sobre cómo abordar la problemática de la delincuencia juvenil en Argentina, especialmente en un contexto donde se busca un equilibrio entre la protección de los derechos de los menores y las demandas de seguridad pública.