Corte Suprema desestima reclamo de mapuches sobre tierras en Puerto Elma

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó recientemente el recurso de queja presentado por la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao, relativo a un lote de terreno en Puerto Elma, Villa La Angostura. Esta resolución cierra una de las muchas puertas que la comunidad había intentado abrir en el marco de un conflicto territorial que se arrastra desde hace más de un siglo y que aún carece de una solución definitiva.

Puerto Elma, ubicado a la orilla del lago Nahuel Huapi, es una zona de gran interés para la comunidad mapuche, que administra un camping en la región. La oposición por las tierras en esta área específica se amplía a otros conflictos, como el caso de un camping en el lago Correntoso, donde la comunidad busca mantener su control sobre las mejoras realizadas. No obstante, el reciente fallo de la Corte no solo afecta a estas aspiraciones, sino que también deja ver un contexto más amplio de reclamos y litigios por territorios que involucran a la comunidad.

La decisión del tribunal, hecha pública el 6 de agosto, citó la inadmisibilidad del recurso en virtud del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, lo cual permite a la Corte rechazar presentaciones sin entrar a considerar el fondo del asunto. Esta metodología ha sido comúnmente utilizada en otros casos similares, incluyendo también el rechazo de una queja por el camping municipal de Correntoso.

La historia de este conflicto data desde 1902, cuando el Estado nacional otorgó tierras a los caciques José María Paichil e Ignacio Antriao en la Colonia Nahuel Huapi. Durante el siglo XX, la comunidad sufrió un despojo gradual de sus tierras, lo que motivó su reorganización formal en 2003 y el inicio de litigios en busca de la restitución de diversos predios en la zona, además del camping Quilla Hue en Puerto Elma.

Aparte de la disputa en Puerto Elma y Correntoso, la comunidad también ha tenido enfrentamientos legales por terrenos en el cerro Belvedere, donde incluso se involucró al exbasquetbolista Manu Ginóbili, y mantiene un amparo por mora contra el INAI en el juzgado federal de Zapala. Desde el 2010, la comunidad cuenta con una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que su abogado, Luis Virgilio Sánchez, mencionó como una posible vía futura para seguir adelante con el reclamo tras la resolución de la Corte.

Sánchez criticó la decisión del tribunal, argumentando que no se abordó el fondo del asunto y que se utilizó una prerrogativa para rechazar la intervención judicial. Además, relacionó esta resolución con el reciente debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad, impulsada por el actual gobierno.